El PP pedirá en el pleno a los grupos políticos que renuncien a su asignación de 2011, unos 200.000 euros

El equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento de Jaén va a proponer en el pleno del próximo viernes que los grupos políticos que forman la Corporación --junto al 'popular', PSOE e IU-- renuncien a sus asignaciones correspondientes a 2011, lo que supondría un ahorro cercano a los 200.000 euros.
José Enrique Fernández De Moya Y Miguel Ángel García Anguita.
José Enrique Fernández De Moya Y Miguel Ángel García Anguita.
EUROPA PRESS
José Enrique Fernández De Moya Y Miguel Ángel García Anguita.

El equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento de Jaén va a proponer en el pleno del próximo viernes que los grupos políticos que forman la Corporación —junto al 'popular', PSOE e IU— renuncien a sus asignaciones correspondientes a 2011, lo que supondría un ahorro cercano a los 200.000 euros.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, quien ha situado esta nueva medida en el marco de la política de austeridad que viene desarrollando desde que accedió al gobierno en junio del año pasado y que ya se ha reflejado, por ejemplo, en la designación de gerentes y directivos de entre funcionarios de la casa así como en la reducción de liberaciones y retribuciones por asistencia a pleno y comisiones.

"Es una asignación que nos reconoce la Ley de Bases de Régimen Local que establece dos componentes: uno fijo y otro variable, éste en función del número de concejales y el fijo que se tiene por grupo", ha explicado para aclarar, precisamente, que "no tiene nada que ver" con las estipuladas por participar en plenos o reuniones como las citadas y que, en cualquier caso, ya sufrieron un descenso de 120 a 50 euros.

En concreto, según ha precisado Fernández de Moya, el ahorro para las arcas municipales sería de casi 195.000 euros, al sumar los 103.225 euros que se deben al grupo del Partido Popular; los 70.433 euros que corresponderían al socialista y los 21.245 euros, en el caso de Izquierda Unida.

A su juicio, la situación del Ayuntamiento de la capital requiere continuar "dando ejemplo", de ahí que haya dicho confiar en que la propuesta "sea refrendada" por los dos grupos de la oposición, teniendo en cuanta además que el PP, que ha avanzado su respaldo a la medida, "es el más perjudicado" por contar con más ediles.

"La renuncia es voluntaria y se efectúa a través de escrito por parte del portavoz. El del equipo de gobierno, el viernes antes del iniciarse el pleno, haremos un escrito donde consten los tres portavoces al objeto de que se proceda a la renuncia. Puedo asegurar que la firma del portavoz del PP estará estampada; espero que estén las del PSOE e IU", ha destacado.

Preguntado por su posible extensión a los siguientes ejercicios, el alcalde ha recordado que se suma a la rebaja del 30 por ciento aprobada para el mismo concepto de asignación a grupos municipales en la sesión constitutiva de la Corporación, que es lo que se mantiene para todo el mandato. "Iremos tomando decisiones según vayamos viendo la situación económica y financiera del Ayuntamiento", ha apuntado al respecto.

Multas y bomberos

No ha sido éste el único asunto relacionado con la situación financiera local al que se ha referido en la rueda de prensa posterior a la reunión de coordinación del equipo de gobierno. Así, ha insistido en pedir a la Diputación provincial un encuentro para, "desde la lealtad institucional", revisar el convenio por el que la Administración provincial gestiona la recaudación de sanciones y multas y renovar el relativo al Parque de Bomberos.

Sobre el primero, el regidor solicita una "rebaja sustancial" del premio de cobranza estipulado en el 30 por ciento anual y que, consecuentemente, deja de percibir el Ayuntamiento, cuyo objetivo, en cualquier caso, pasa por volver a gestionar totalmente este servicio, que pasó a manos de la Diputación en 2009 y por un lustro gracias a un acuerdo con el anterior gobierno local.

En el caso del que afecta a los Bomberos, ha indicado que expiró el pasado 31 de diciembre, si bien el Consistorio jiennense mantiene la prestación "por responsabilidad", puesto que se trata de una cuestión de "seguridad". Fernández de Moya pide aumentar de 600.000 euros a 2,5 millones la aportación de la Diputación en virtud del peso poblacional de los 24 municipios menores de 20.000 habitantes a los que da cobertura, toda vez que el coste total es de cinco millones de euros y la capital representa la otra mitad. ¿Que se van a poner en marcha dos nuevos parques, en Martos y Bedmar? Perfecto, pero mientras llegan quién asume el gasto?, ha preguntado.

Informes del ces y fraccionamiento del ibi

Por otro lado, el Ayuntamiento jiennense ha anunciado que pedirá los respectivos informes al Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad sobre las tres principales concesiones administrativas: recogida de basura, que actualmente está a cargo de FCC, mantenimiento de alumbrado público y semáforos (Imesapi) y transporte urbano (Castillo).

El objetivo es tener datos para abordar las nuevas adjudicaciones en las mejores condiciones sobre la base de equilibrar gastos e ingresos, algo especialmente visible en la concesión que antes finaliza, la recogida de residuos: supone un déficit anual de nueve millones de euros, ya que el coste para el Ayuntamiento es de 15, pero los ingresos por tasas vinculadas a este servicios es sólo de seis millones. Además, se trata de recibir ideas que abunden en esa mejora al menor coste posible, algo a lo que el gobierno municipal "ya le está dando vueltas" como, por ejemplo, con una posible modificación del horario de recogida, ya que el sobrecoste nocturno es del 20 por ciento.

Junto a estos temas, también se ha anunciado el cobro del IBI en cuatro plazos a partir del próximo año. La decisión política ya está tomada y ahora se trabaja en su acomodo técnico con sistemas informáticos o la estipulación de cuentas. Fernández de Moya ha recordado que se prevé aumentar 1,7 millones de euros los ingresos por este impuesto, debido a la variación del tipo que introdujo el Gobierno central y que se destinarán a políticas sociales.

Ha dicho no tener, sin embargo, la estimación sobre la repercusión que tendría la actualización de los valores del catastro, pendiente desde 1996. En este sentido, es una decisión que "técnicamente corresponde al propio Catastro", con el que deberán reunirse para analizar las ponencias de los valores o la catalogación fiscal de las calles.

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