La administración concursal de Clesa ha solicitado al juez que ordene el embargo de los derechos económicos que pudieran corresponder a José María Ruiz-Mateos y a sus hijos José María, Francisco Javier y Álvaro en una eventual resolución a su favor en los litigios abiertos por la expropiación de la antigua Rumasa en los años 80.

Los administradores concursales solicitan esta medida tras señalar que, a pesar de la "intensa labor de investigación desarrollada", sólo podían pedir el bloqueo de "muy pocos bienes y derechos" a nombre del fundador de Nueva Rumasa y sus tres hijos para cubrir el embargo preventivo por valor de 681 millones de euros decretado ante el 'agujero' patrimonial de la láctea.

En su escrito de solicitud ante el Juzgado, al que tuvo acceso Europa Press, la administración concursal señala que, "como consecuencia de la dudosa existencia y de la dudosa consistencia de los bienes y derechos señalados" para el embargo preventivo, interesa ampliar ese embargo a los derechos de retasación deducidos ante los Tribunales de Justicia por José María Ruiz-Mateos.

La petición la realiza la administración concursal de Clesa con la abstención de la representante de la Agencia Tributaria, que manifiesta que "el hecho e formular esta solicitud en modo alguno significa que se consideren fundadas esas pretensiones de retasación". 14

Procedimientos judiciales.

La administración concursal detalla 14 procedimientos judiciales a instancias del empresario andaluz de los que podrían derivarse a su favor o a favor de sus tres hijos "derechos de cobro y derechos de contenido económico de cualquier tipo".

Se trata de los procedimientos de retasación de las acciones de Rumasa, Galerías Preciados, Banco Atlántico, Banco Condal, Banco de Albacete, Banco Alicantino de Comercio, Banco de Extremadura, Banco de Murcia, Banco de Sevilla, Banco de Toledo, Banco del Oeste, Hoteles Agrupados y La Almoraima, así como de otras retasaciones acumuladas de las acciones expropiadas de 182 sociedades.

José María Ruiz-Mateos, mediante escritura pública, cedió el año pasado en garantía los derechos económicos derivados de estas reclamaciones judiciales a los titulares de los pagarés emitidos por Nueva Rumasa.

A pesar de ello, la administración concursal de Clesa pide su embargo al señalar que para que la cesión fuera eficaz tendría que haber sido aceptada incondicionalmente. "Este requisito, unido al desconocimiento de la existencia de este documento por parte de la mayoría de inversores, ha reducido el ámbito de la operación a un número extremadamente reducido de acreedores", asegura.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, que tramita el concurso de acreedores de Grupo Dhul, ya ordenó el pasado mes de octubre el embargo preventivo de los derechos de cobro que pudiera tener la familia Ruiz-Mateos en los litigios por la expropiación de la antigua Rumasa.