Piden 13 años de prisión para un acusado de explotar a tres mujeres como prostitutas

La Fiscalía de Granada ha solicitado un total de 13 años de prisión para un hombre de nacionalidad brasileña y 32 años acusado de explotar a tres mujeres como prostitutas, a las que intimidaba con denunciarlas por estar en situación irregular en España si no cumplían con sus instrucciones, hechos por los que será enjuiciado los próximos 2, 3 y 4 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

La Fiscalía de Granada ha solicitado un total de 13 años de prisión para un hombre de nacionalidad brasileña y 32 años acusado de explotar a tres mujeres como prostitutas, a las que intimidaba con denunciarlas por estar en situación irregular en España si no cumplían con sus instrucciones, hechos por los que será enjuiciado los próximos 2, 3 y 4 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, conocido como 'Max', conoció en el último trimestre del año de 2009 a tres mujeres, dos de ellas también brasileñas, que estaban en situación de precariedad económica y de manera ilegal en el país.

"Sabedor de su situación y de la facilidad para conseguir un acuerdo a su favor", les propuso, según el fiscal, trabajar para él ejerciendo la prostitución en un piso que tenía alquilado en la localidad granadina de Armilla, con el objetivo directo de obtener "de forma casi exclusiva" beneficios económicos a costa de su actividad, y siempre bajo su dependencia.

Desde un principio, el inculpado, de iniciales R.G.D.S., fijó "unilateralmente" las condiciones de la actividad a desarrollar, como los precios de los servicios que él mismo imponía: 100 euros por servicio sexual de una hora, 50 por media hora, y entre 30 y 40 por 20 minutos. En cualquier caso, siempre les exigía la entrega del 50 por ciento de los beneficios, de 30 a 50 euros semanales por el alojamiento en la vivienda, la parte proporcional de la comida, y 30 euros en concepto de publicidad, puesto que se encargaba de redactar anuncios en distintas páginas web.

Además, según la Fiscalía, mantenía el control de la actividad desarrollada, estableciendo "gravosas condiciones" en detrimento de la dignidad y la libertad de las mujeres. Ellas solo disfrutaban de un día de descanso y tenían que pagar multas de 30 euros si se negaban a maquillarse o a prestar servicios o permanecían fuera de la vivienda más de un tiempo determinado.

El acusado llegó también a instalar, escondida en un mueble del salón, una cámara que apuntaba a las entradas de las habitaciones de la vivienda en la que trabajaban, de manera que lograba controlar a los clientes que accedían al piso "con el fin de llevar un recuento para establecer lo que cada una de las tres mujeres estaban obligadas a pagarle".

Cuando las mujeres se mostraban reticentes a cumplir sus condiciones, R.G.D.S. las presionaba amenazándolas con que las denunciaría a la Policía por no tener papeles o les decía que enviaría "a unos rumanos para que les partieran las piernas". Las tres mujeres trabajaron bajo sus instrucciones durante un año, hasta que se decidieron a dejar el piso de Armilla y denunciar los hechos el pasado 12 de mayo de 2011.

La denuncia dio lugar a registros de la Policía y la Guardia Civil en los pisos que poseía el acusado, donde los investigadores hallaron a tres mujeres y a un hombre que habían llegado el día anterior para ejercer la prostitución, además de teléfonos móviles, una cámara de vigilancia y cocaína, puesto que, el procesado también obtenía beneficios de la venta directa a terceros de sustancias estupefacientes.

Por todo, la Fiscalía le atribuye tres delitos relativos a la prostitución y un delito contra la salud pública, por los que, además de la pena de prisión, se enfrenta al pago de multas de más de 92.000 euros. Asimismo, aunque el acusado se encuentra de manera ilegal en España, el fiscal solicita, teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los delitos que se le imputan, el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario español.

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