El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando con el Ejecutivo central que la iniciativa privada se haga cargo de la ejecución y explotación de las depuradoras de la Comunidad Autónoma, cuya situación actual "no es sostenible".

En una entrevista con Europa Press, la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha comentado que lo que se estudia con el Ministerio de Medio Ambiente es "agrupar" los sistemas de depuración y que sean gestionados desde el ámbito privado, para completar la depuración "sin hundir a la Administración regional". El modelo podría anunciarse "a final de año".

El hecho de que sean inversores privados —y no la Administración regional— los que realicen la inversión a través de concesiones y otro tipo de colaboración permitiría que el sistema sea "sostenible" y que se pueda "culminar" la construcción de las depuradoras que debe tener la Comunidad Autónoma.

Actualmente, con unas 176 depuradoras en funcionamiento y 137 en construcción pero "paradas" debido a la falta de recursos financieros para acometer las obras, la región tiene un sistema de depuración "insuficiente e ineficiente" que incluso ha propiciado que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento informativo debido a la falta de depuración de aguas residuales en varios municipios de Castilla-La Mancha.

La Administración española presentará este plan a la Comisión Europea a fin de conseguir que no se sancione a la Comunidad Autónoma por este motivo y demostrar así que la región va a contar con un sistema de depuración eficaz y sostenible.

El Ministerio "está tan interesado" como Castilla-La Mancha en resolver este nuevo sistema que permitirá, según la titular de Fomento, "dar tranquilidad a los ayuntamientos y tranquilidad financiera a esta Administración para que no continúe un sistema que es insostenible", y que se pretende "sea ampliable a todo el Estado". TRASVASE

De otro lado, y en relación al trasvase Tajo-Segura, Marta García ha reconocido que el Ejecutivo autonómico no recurrió la última derivación aprobada en enero por la Comisión de Explotación del Trasvase —la primera del Gobierno de Mariano Rajoy— al considerar que ese acuerdo respetaba "escrupulosamente" las normas de explotación del trasvase y no había por tanto "razón jurídica para impugnarlo en los tribunales".

El Gobierno de María Dolores de Cospedal sí recurrió, en cambio, el último trasvase aprobado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero al considerar que las reglas de explotación, en ese caso, no se cumplían con los acuerdos adoptados.

Dicho esto, ha advertido de que este Gobierno no va a "utilizar la justicia y los recursos jurisdiccionales simplemente con efectos partidistas" como "sí hizo el Gobierno socialista" anterior, que llegó a interponer —desde el año 2007— un total de 11 recursos jurisdiccionales contra acuerdos de trasvase "perdiéndolos todos y siendo condenados en costas por mala fe o temeridad".

En concreto, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia han desestimado nueve de esos once recursos —en dos todavía no se ha dictado sentencia—, lo que ha supuesto que la Junta tenga que afrontar un pago por costas de 13.862 euros, ha añadido la consejera.

"Nosotros no vamos a utilizar los recursos jurisdiccionales con esa finalidad propagandística, pero tampoco vamos a dejar de defender los intereses de Castilla-La Mancha cuándo y cómo nos corresponda", ha subrayado.

Alegaciones guadiana

En relación a los planes de cuenca, que debían haber estado finalizados en 2009, Marta García de la Calzada ha señalado que el actual Ejecutivo central "se ha puesto a trabajar decididamente en ellos", ya que hasta ahora había unos "un poco más avanzados" en su tramitación, como el del Guadiana, el Guadalquivir y el Duero, y otros como el del Júcar y el Segura "en un estado muy, muy inicial".

No obstante, García ha comentado que el Gobierno castellano-manchego ha presentado un total de 92 alegaciones al borrador del plan del cuenca del Guadiana, relacionadas en su mayoría con aguas residuales, necesidades de abastecimiento y necesidades de agua para regadío, y está a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Guadiana las "estudie".

"Nosotros hemos cogido el toro de la planificación", ha remarcado, convencida de que el Gobierno central ha tomado los planes de demarcación de cuenca "como elemento fundamental del puzzle o del sistema que luego alumbrará el Plan Hidrológico Nacional".