El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, ha intervenido este martes con una ponencia en la mesa redonda organizada por la Federación de Asociaciones Vecinales sobre contaminación acústica.

Este encuentro, en el que también ha participado la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Adela Martínez Cachá, y el decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, Juan Luis Pedreño, se enmarca en los actos conmemorativos del 'Día Internacional de conciencia sobre el ruido', previsto para el 25 de abril.

En su intervención ha destacado que "desde hace años, el ruido se ha convertido en un factor contaminante constante en la mayoría de las ciudades, por los problemas que produce, no solo fisiológicos y psicológicos, sino también económicos y sociales".

Pero es que, además de esos perjuicios, "el ruido también puede afectar a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española", como el libre desarrollo de la personalidad (art.10); la integridad física y moral (art.15); la intimidad personal y familiar e inviolabilidad domiciliaria (art. 18); la libre elección de residencia (art. 19) y el derecho a la propiedad privada (art. 33); "y de una forma especial afecta al artículo 45, el derecho de todos a un medio ambiente adecuado, que implica el derecho a gozar de un ambiente no contaminado acústicamente", ha añadido.

La Defensoría ha tramitado un total de 180 quejas de ciudadanos de la Región relacionadas con la contaminación acústica, según ha informado Ruiz Abellán. Revisando las quejas que se han recibido relativas a esta materia, destacan por su volumen las reclamaciones que tienen su origen en el ruido producido en zonas de ocio y bares con música especialmente en horas nocturnas.

Aunque también, los ruidos provenientes de las relaciones de vecindad, las molestias ocasionadas por el tráfico rodado, las genéricas de las calles céntricas de las ciudades o las causadas por la celebración de ferias o fiestas populares.

Se trata de quejas que suelen ir precedidas por una prolongada vulneración de derechos fundamentales y por un importante número de denuncias y escritos previos de los afectados, dirigidos a unas administraciones ambientales que han demostrado una enorme lentitud en buscar y encontrar las soluciones adecuadas.

El Defensor del Pueblo ha ido solucionando las quejas ciudadanas sometidas a su consideración mediante resoluciones en las que insta a los ayuntamientos a que dicten disposiciones obligando a los infractores a ejecutar obras para la efectiva insonorización de locales y negocios, llegando en algún caso a sugerir a la administración local correspondiente, el cierre del local contaminante mientras no adecuase sus instalaciones a la normativa existente, y al cese de cualquier foco acústico causante de las molestias.

Conscientes de esta problemática, y vistas las diferencias existentes en la aplicación de la normativa por parte de los distintos ayuntamientos, así como la falta de actualización de sus ordenanzas a la ley vigente, desde la Defensoría se impulsó una investigación de oficio, en la que el Defensor del Pueblo recordaba al Gobierno regional y a los 45 municipios las obligaciones legales que tienen en esta materia.

Según ha declarado Ruiz Abellán, "parece obvio que habría que aportar soluciones a un problema real que afecta a miles de ciudadanos y dejar de mirar para otro lado. La idea-fuerza que deben seguir nuestros razonamientos es que "no existe el derecho a hacer ruido".

"Quien genera contaminación acústica no está amparado por las leyes ni por ninguna autorización para continuar desarrollando su actividad, si no cumple las condiciones de aislamiento acústico que tiene impuestas", ha concluido.