El expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas, ha solicitado por escrito la suspensión de la subasta, prevista para este miércoles, de su lujoso palacete y de otras dos fincas con las que garantizó el préstamo de tres millones que le concedió el Banco de Valencia.

A día 24 de abril la puja de los tres inmuebles se mantiene factible, dentro del marco del procedimiento de ejecución hipotecaria que se tramita a instancias de la entidad bancaria.

En concreto, no sólo prevé salir a subasta la céntrica vivienda que posee en el casco antiguo de Palma, de 475,4 metros cuadrados y tasada en 1.650.000 euros, sino que los postores también podrán tantear por la vivienda que el exministro dispone en La Rambla, de 152 metros cuadrados y valorada 450.000 euros, y la ubicada en la calle Sant Miquel, de 900.000 euros y 73 metros. En cualquier caso, no habrá precio de salida para poder pujar por las tres fincas conjuntamente.

Con todas ellas, Matas garantizó el préstamo de 3.041.364 millones que le concedió el Banco de Valencia para hacer frente a la fianza penal de tres millones que el juez del caso Palma Arena, José Castro, le impuso y cuyo pago le permitió eludir su ingreso en prisión.

Hasta el momento, la entidad bancaria ha recuperado 2,5 millones del crédito, si bien el exjefe del Ejecutivo balear continúa debiendo  500.000 euros más, a los que se suman un total de 912.409 euros en concepto de intereses de demora y gastos de ejecución.

Por ello, de forma paralela, Matas ha pedido ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid entrar en concurso de acreedores para personas físicas, declarándose insolvente ante la inminente celebración de la subasta. Ha decidido de esta manera acogerse a la Ley Concursal ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones de pago, y más en concreto a la que entró en vigor en septiembre de 2004, que abre a las personas físicas la posibilidad de declararse en insolvencia, negociar con los acreedores y detener la ejecución de sus bienes, incluidas las hipotecarias, como es el caso.

De esta forma, la pretensión de Matas es poder paralizar el proceso de ejecución hipotecaria y racionalizar el pago de las deudas  que tiene pendientes.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, encargado de la instrucción del caso Palma Arena, ha transferido al Banco de Valencia dos millones de euros que integraban la fianza de 2,5 millones que pesaba sobre el expresidente y que fue recientemente anulada al considerar que ya no persisten las condiciones por las que fue decretada.

Fue en mayo del pasado año cuando la entidad acreedora interpuso una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico la devolución del préstamo más los intereses del crédito generados desde entonces pero, al no ser devuelta la cantidad, el banco solicitó al Juzgado que los tres inmuebles salieran a subasta pública. Se trata de un procedimiento que también va dirigido contra su mujer, por ser copropietaria del palacete, así como contra la madre del expresidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel.