El presidente del Tribunal del juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), José Godino, ha pedido que a "la mayor celeridad posible" se prorrogue la comisión de servicio de la secretaria judicial asignada a este procedimiento, la cual finaliza este mes de abril, incidiendo en "las dilaciones y perjuicios que podrían producirse como consecuencia del cese" en el desarrollo de la vista oral. Los letrados apoyan esta petición.

La secretaria judicial comenzó la comisión de servicio en julio de 2010 y la vista oral se inició el 27 de septiembre del mismo año. Godino ha remitido un escrito en el que argumenta la "necesidad" de que siga en su puesto, considerando que su trabajo es "esencial" y "totalmente imprescindible" a la vista "de la excepcional complejidad" del procedimiento, "el más complejo y numeroso que en la actualidad se está desarrollando en el territorio nacional".

En este sentido, en el documento se explica que, al margen de la celebración de las más de 160 sesiones del juicio , con casi un centenar de acusados, se ha desarrollado "una ingente labor" no sólo en la organización de estas vistas, como la citación de testigos y los actos de comunicación; sino que también "se han dictado más de 1.000 resoluciones" para responder a las peticiones de las partes personadas, defensas y acusaciones, en distintas materias.

Además, el procedimiento tiene más de 100 piezas de situación personal y de responsabilidad civil, piezas de convicción compuestas por más de 1.000 bridas que superan los 500.000 folios, 40 piezas de administración judicial y se siguen practicando pruebas en la actualidad que superan los 10.000 folios, reza el escrito, con una documentación que "rebasa el millón de documentos", muchos de los cuales estaban sin escanear al inicio del juicio.

El juicio está actualmente en el último bloque, en el que hay más de 50 procesados, que ya han declarado, aunque faltan por comparecer unos 260 testigos y peritos. Las previsiones que la Sala quiere cumplir es terminar la fase de prueba a finales de mayo y dedicar junio y julio para los informes finales, para lo que se están celebrando sesiones de casi seis horas, aunque ya se ha advertido de que si fuera necesario se habilitaría agosto.

Los letrados de los acusados también comparten esta petición de que se prorrogue la comisión de servicio de la secretaria judicial y tienen la intención de remitir al Tribunal un escrito, para que la Sala lo tramite ante la instancia correspondiente, solicitando esta continuación, al considerar que el proceso sin ella sería "ingobernable" y que las previsiones que existen en cuanto al desarrollo de las sesiones se anularían. INTERVENTOR

En la sesión de este martes del juicio, ha continuado la declaración como testigo del que fuera interventor del Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Castro, al que se le ha preguntado por los informes emitidos sobre convenios, permutas y los reparos que allí expresaba. Ha señalado que estos análisis siempre había que hacerlos antes de la aprobación del convenio, pero que en ocasiones se le pasaba el expediente después de ser aprobados.

Ha explicado que sus informes sobre convenios de permuta no entraba en si las valoraciones eran correctas porque no tenía los datos necesarios y ha indicado que ese no era su cometido. "Siempre ha sido el interventor el que ha tenido que dar la cara en cuestión de valoraciones y de muchas cosas, caramba, que son materias que no son mi cometido, estamos hablando de permutas que forman parte de la llevanza del inventario y no me corresponde", ha asegurado.

"Llevar y custodiar el inventario municipal no es competencia del interventor, es de otros funcionarios, si yo informo de estas cosas es por pudor, que no vayan tantos expedientes tan desamparados y que después ante una sala como esta se me eche en cara que no he hecho lo más mínimo", ha apuntado, añadiendo que pedía que le dieran los expedientes para poder verlos antes de informar y reconociendo que presentó los repartos "tardíamente".

Ha indicado que los informes de reparos los entregaba al secretario municipal, también acusado en este procedimiento y en este bloque, quien los tenía que adjuntar en el expediente urbanístico correspondiente para llevarlo a la comisión de gobierno, donde se aprobaba "sin discutir". Ha dicho que hay ocasiones en las que se aprobaron expedientes con informes negativos y que "nunca jamás" se recogían en las actas los resultados de los informes de reparos.

Ha señalado que él no era el que tenía que denunciar esas posibles irregularidades, sino "quien tiene que denunciar son los señores concejales, que debieron haber visto el expediente y haberse manifestado al respeto". "Lo que no podemos es no ver papeles o no querer ver papeles y después manifestarse de otra manera, hay que ser consecuentes", ha indicado el testigo, quien ha apuntado que las actas de las comisiones "no recogían todo lo que se trataba".

No obstante, cuestionado por la defensa del exalcalde Julián Muñoz sobre si vio que los entonces ediles, el alcalde o la comisión de gobierno cometía algún acto ilícito o ilegal, ha insistido en que "sí". El presidente de la Sala ha advertido al letrado de que al testigo no se le está enjuiciando y el abogado ha apuntado que se deduzca testimonio por un posible delito del interventor por omisión del deber de perseguir delitos.