El Congreso de los Diputados convalidará este miércoles, en sesión plenaria, el Real decreto-Ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por los terremotos que tuvieron lugar en Lorca el pasado 11 de mayo, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca.

Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó el 30 de marzo el decreto que, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de una "medida de justicia y equidad" porque "a estas alturas", y después de que el año pasado se aprobaran dos decretos para ayudar a Lorca tras el seísmo, "no se supieron gestionar bien" y hay "un problema en el pago de las ayudas". "Lo que queremos es que Lorca vuelva a ser lo que era", ha señalado.

Diez meses después de la catástrofe, y habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitud de prácticamente todas las ayudas, éstas no han llegado efectivamente a sus destinatarios. Por todo ello, el Gobierno considera "urgente e inaplazable instrumentar un procedimiento ágil que garantice que las ayudas aprobadas lleguen de forma inmediata a sus destinatarios".

Por este motivo, el decreto aprobado incluye que el procedimiento de pago a beneficiarios mediante abono por las entidades financieras con sede en Lorca, se aplicará para ayudas para alquiler de viviendas y reposición de enseres, ayudas para reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas, y para ayudas para la reparación, rehabilitación y reconstrucción de locales o establecimientos mercantiles, industriales o de servicios.

También se prevé la posibilidad de que en la reconstrucción de las viviendas demolidas puedan ser objeto de ejecución forzosa las actuaciones de reconstrucción y, además, se atribuye a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) la condición de agente edificador.

Asimismo, se establece una prórroga de los beneficios fiscales en el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Actividades Económicas para el año 2012, así como un aplazamiento de las deudas tributarias devengadas por el Impuesto sobre Sociedades y por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2011.

Por otro lado, se destinan ayudas para la ejecución de proyectos de especial interés para el sector del comercio en el municipio y se prevé la elaboración por las tres administraciones públicas de un plan estratégico con el objetivo de impulsar la actividad económica y social del municipio.

Pago y financiación

En relación al procedimiento de pago mencionado anteriormente, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) suscribirá un contrato de prestación del servicio de caja con las entidades financieras ubicadas en Lorca y los beneficiarios de las ayudas percibirán en su cuenta corriente la ayuda reconocida.

Para ello, en relación con las ayudas no destinadas a enseres y alquiler, deben cumplir los requisitos establecidos en el decreto y en la normativa autonómica, que prevén el desembolso del 50 por ciento de la ayuda al inicio, el pago del resto contra la presentación de los documentos que acreditan la realización de las obras de construcción o rehabilitación, así como la obligación de solicitar la licencia de obras en el plazo de dos meses desde la resolución de la concesión de la ayuda. El incumplimiento de estas obligaciones da lugar al procedimiento de reintegro.

Según el procedimiento de financiación de estas ayudas, cofinanciadas entre la Administración General del Estado y la Región de Murcia, el ICO creará una línea de crédito denominada ICO-LORCA por importe máximo de 115 millones de euros, ampliable en caso de necesidad, previo acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

Esta cantidad corresponde a las ayudas que la Región de Murcia tendrá que abonar y, para ello, el ICO suscribirá un préstamo con ésta. El principal, los intereses y, en su caso, la comisión estarán cubiertos con la retención a efectuar a favor del ICO de los recursos del sistema de financiación de la comunidad autónoma.

La Administración General del Estado y la autonómica satisfarán al ICO el importe correspondiente a las ayudas reconocidas a los beneficiarios, en proporción a su porcentaje de financiación atribuido. La parte correspondiente al Estado irá financiada con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria y se liberará conforme se vayan aprobando las ayudas.

El incremento de gasto para el Estado se deriva de la parte correspondiente a los ingresos que el Estado dejará de percibir por los beneficios fiscales y los aplazamientos de las deuda tributarias, cuya cuantía será similar a la del ejercicio anterior.