Los Veintisiete arrancarán mañana las discusiones con la Comisión Europea sobre el futuro del sector vitivinícola en la primera reunión del grupo de alto nivel creado por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, en respuesta a las presiones de catorce países, entre ellos España y Francia, que reclaman que se frene la liberalización de los derechos de plantación del vino prevista para 2015.

Los gobiernos europeos acordaron en 2008 extender hasta 2015 —incluso hasta 2018 en algunos casos— un régimen temporal que limita la plantación de viñedos como medida para hacer más competitivo al sector europeo frente a otros competidores.

Pero los productores y 14 Estados miembros temen que tal liberalización se traduzca en una pérdida de calidad de los caldos producidos en suelo comunitario, dañe a los pequeños viticultores y se favorezca la sobreproducción.

El comisario Ciolos cerró la puerta durante meses a revisar el plazo para acabar con el sistema de derechos, pero tras la presión de los principales países productores ha creado el grupo de alto de nivel para "examinar cómo funciona el régimen de derechos en cada Estado miembro y ver cuál es su impacto", explican fuentes comunitarias.

Los regímenes de plantación son diferentes según el Estado miembro, añaden las fuentes, porque en países como España e Italia son regionales y en otros, como Francia, tienen base nacional, por ello su gestión y su situación es varía notablemente entre unos y otros.

Así las cosas, el grupo celebrará al menos cuatro encuentros en Bruselas con representantes de los Estados miembros y la industria para "escuchar sus argumentos" a favor de la prórroga de estos derechos.

El objetivo es presentar antes de que acabe el año un paquete de recomendaciones para el comisario, que decidirá en función de estas conclusiones si plantear una revisión de las reglas del sector.

Bruselas, sin embargo, cree que los países que reclaman revisar la liberalización "no tienen una imagen completa" de la situación y es partidaria de extender la reflexión "más allá" de la cuestión de los derechos, de cara a identificar qué medidas son las que están siendo eficaces para devolver la competitividad a la industria del vino europeo y cuáles no.