La Sindicatura de Cuentas ha detectado graves irregularidades en la gestión presupuestaria del Ayuntamiento de Riells i Viabrea en los ejercicios 2002 a 2005, así como en la retribución y contratación de los cargos electos del municipio y el control de la aplicación presupuestaria.

El informe publicado este miércoles recoge hasta 12 observaciones relevantes sobre irregularidades presupuestarias, que van desde defectos de contabilidad, al cobro ilegal de salarios extras por parte de los concejales, e incluso a la no aplicación de las retenciones del IRPF a los cargos electos, que tampoco cotizaban en la Seguridad Social.

El período analizado comprende parte de dos mandatos —1999-2003 y 2003-2007—, en que siempre gobernó Josep Ferrer (CiU).

La Sindicatura señala que de 2002 a octubre de 2003 los cargos electos cobraron sus salarios sin aplicarse las retenciones del IRPF y las cotizaciones de la Seguridad Social estipuladas.

El informe apunta también que la secretaria interventora del Ayuntamiento hasta octubre de 2003, Montserrat Bertran, cobraba adicionalmente facturas por asesoramiento administrativo, algo incompatible a su cargo.

Los asesores legales —excepto un abogado en el ejercicio de 2005—, el arquitecto y el arquitecto técnico municipal no tenían contrato, y existían incidencias en sus facturas.

Además la gestión de la documentación contable del Ayuntamiento de 2002 a 2005 la ha llevado a cabo una empresa privada pese a que la normativa vigente fija que la fiscalización interna, la contabilidad y la tesorería son funciones públicas reservadas a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

La Sindicatura, que lamenta los problemas para fiscalizar el Ayuntamiento por la falta de control interno, señala que la empresa Obres i Serveis Riells i Viabrea, SL, "ya sea con esta u otra denominación", fue la principal creditora del Ayuntamiento sin formalizar ningún expediente de contratación.

Además, durante la revisión de facturas de la empresa, se han encontrado gastos reconocidos en períodos que no correspondía, "numerosos errores de duplicaciones en el pago de las facturas", pagos aplazados no permitidos por la normativa e incluso una factura de 90.151,82 euros pagada por el Consistorio pese a que no le correspondía.

El informe apunta también que en varios casos falta documentación que justifique el movimiento de dinero en el Ayuntamiento; que éste reconoció gastos "de forma sistemática" sin contar con el crédito adecuado, y que realizó numerosas inversiones sin la consignación presupuestaria suficiente.

Revisión "a fondo"

La Sindicatura formula al consistorio una decena de recomendaciones para que revise a "fondo" los procedimientos administrativos y los criterios contables para ajustarse a la legalidad.

Insta al Ayuntamiento a tener permanentemente actualizada la contabilidad municipal y establecer procedimientos de control de la tesorería que permitan que todos los cobros y los pagos que se autorizan sean adecuados y cumplan con ley, entre otras.

El alcalde actual, Josep Manel Terrida (CiU), presentó un informe de alegaciones para que la Sindicatura aceptara modificar partes de su informe, pero el ente considera que "ninguna de ellas justifica modificaciones del texto del informe original".