El PRC ha criticado este martes que el PP quiera reducir el número de diputados en Cantabria, amparándose en supuestas razones económicas, mientras en Castilla-La Mancha pretende aumentarlos, y ha propuesto al partido de Ignacio Diego la eliminación del límite del cinco por ciento para obtener representación parlamentaria. Asimismo, ha asegurado que las medidas del Plan de Sostenibilidad "no son las que Cantabria necesita ni las que quieren los cántabros".

Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, en una rueda de prensa en la que ha anunciado que su grupo solicitará la comparecencia en el Parlamento, "con la máxima urgencia", de todos los consejeros afectados por los ajustes, y una vez les haya escuchado, decidirá si presenta o no enmienda a la totalidad.

Según ha dicho, el PRC apoyará la tramitación por urgencia del proyecto de ley de medidas para la ejecución del Plan de Sostenibilidad, que, a su juicio, denota la "improvisación y desorientación" del Gobierno de Cantabria, ya que introduce cambios "sustanciales" en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos aprobada hace poco más de tres meses.

De la Sierra ha denunciado que varias de las medidas recogidas en el proyecto de ley no suponen ahorro, otras son de carácter "demagógico" para "desviar la atención de los ciudadanos", y otras medidas como la reducción del número de diputados constituye "un retroceso democrático inaceptable" y no se justifica su urgencia puesto que no será de aplicación hasta las elecciones de 2015.

Para el PRC, el hecho de que el PP de Cantabria proponga una reducción de 39 a 35 diputados mientras el PP de Castilla-La Mancha acaba de aprobar la toma en consideración de una proposición de ley que aumenta en cuatro parlamentarios la composición de las Cortes de esa región, demuestra que es una medida "demagógica y antidemocrática" cuya razón de ser "no es económica sino política".

"En Castilla La Mancha es evidente, para conseguir la mayoría de una manera más fácil, y en Cantabria probablemente también, pero no han podido bajar más, que es lo que querrían -dijo-, porque se lo impide" el Estatuto de Autonomía, que establece una horquilla de 35 a 45 diputados y cuya modificación requeriría mayoría cualificada. Según recordó, el Parlamento de Cantabria tiene 39 diputados desde 1987, y únicamente ha tenido 35 en la legislatura 83-87.

Eliminar el límite del 5%

Para el PRC, un "punto de calidad democrática" sería eliminar el límite actual del cinco por ciento para obtener representación parlamentaria, límite que hace que un partido no pueda entrar al Parlamento con un único escaño, sino que accede directamente con dos.

De la Sierra aseguró que el PRC no tendría "ningún inconveniente" en suprimir este límite y lanzó la propuesta al PP, afirmando que si no se ha hecho hasta ahora, es porque este tipo de decisiones, aunque no requieren mayoría cualificada (dos tercios), se deben adoptar "con el mayor consenso posible".

Según relató el propio De la Sierra, al eliminar el límite del 5% -en muchas comunidades autónomas está vigente el 3%-, bastaría con unos 8.000 votos para obtener representación parlamentaria, con lo que de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones autonómicas, el Parlamento cántabro contaría a día de hoy con otros dos partidos además de PP, PRC y PSOE, "Izquierda Unida seguro y probablemente también UPyD", dijo.

Medidas sociales

Volviendo al proyecto de ley de medidas para la ejecución del Plan de Sostenibilidad, el portavoz regionalista criticó que el Gobierno no haya tenido en cuenta ni una sola de las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES), que ha emitido su dictamen "en un tiempo récord", lo que tildó como un "desprecio inaceptable".

"Todos los sectores de la sociedad, los empresarios, los sindicatos, los técnicos y los economistas, los profesores de la Universidad y hasta el obispo han dicho prácticamente lo mismo, porque nos ha venido al Parlamento una ley que ni es la que necesita Cantabria, ni es la que quieren los ciudadanos de Cantabria", ha enfatizado.

De la Sierra ha rechazado los "recortes sociales" que pretende el Gobierno regional y que se traducen en "restricciones" de la Renta Social Básica, "cuando todo el mundo está diciendo que no se debe cargar la crisis sobre los más desfavorecidos". En este sentido ha recordado las palabras del obispo de Santander, que el pasado domingo pedía "encarecidamente" que no se recorten aquellas partidas que afectan a las personas más necesitadas.

También ha rechazado las limitaciones de los derechos de los trabajadores, cuya legalidad ha sido cuestionada por el Consejo Económico y Social, y los retrocesos en materia educativa y sanitaria, plasmados en la "pérdida de calidad y de profesores y aumento de ratio", por un lado, e incrementos de jornada, reducción del número de médicos y medidas en el ámbito de la estructura sanitaria y la atención, por el otro.

Por el contrario, se ha mostrado de acuerdo con el establecimiento de límites salariales en las empresas públicas, aunque ha advertido que el Gobierno del PP "se reserva la posibilidad de prescindir de esos límites aislada y excepcionalmente".

Además, De la Sierra ha considerado "inaceptable" la supresión del Consejo Económico y Social, que en su opinión no se debe a razones económicas, sino al afán de "eliminar a un agente crítico", y ha calificado como "una burla a la sociedad" la disolución del Consejo de la Mujer y del Consejo de la Juventud con la pretensión de sustituirlos por comisiones de participación promovidas y nombradas por el Ejecutivo, que carecerán de la independencia que distingue a los órganos existentes hasta ahora.

Tampoco acepta el Grupo Regionalista las medidas fiscales diseñadas por el Gobierno y que suponen la implantación del impuesto sobre hidrocarburos en su tope máximo permitido, lo cual encarecerá en 56 céntimos el litro de combustible, y una modificación "brutal" de las tarifas del canon de saneamiento, "en contra de todas las promesas del Partido Popular", y de la tasa de residuos, así como la creación de una nueva tasa por revisión de la valoración de la situación de dependencia.