Actyma exige la retirada cautelar de armas a Jaime de Marichalar y su hijo por espacio de dos años

La Asociación Contra la Tortura y el Maltrato a los Animales (Actyma) ha interpuesto una denuncia administrativa ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en Valladolid, contra el o los responsables que presuntamente han fomentado la utilización de armas de caza por parte del niño Felipe Juan Froilán de todos los Santos de Marichalar y Borbón, lo que ha desembocado en el accidente que vulnera el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

La Asociación Contra la Tortura y el Maltrato a los Animales (Actyma) ha interpuesto una denuncia administrativa ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en Valladolid, contra el o los responsables que presuntamente han fomentado la utilización de armas de caza por parte del niño Felipe Juan Froilán de todos los Santos de Marichalar y Borbón, lo que ha desembocado en el accidente que vulnera el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Actyma, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que el Real Decreto 137/1993 establece como requisito el haber cumplido catorce años para la utilización de la escopeta de caza con la que el hijo de Jaime de Marichalar, Felipe Juan Froilán, se disparó en el pie.

Aparte de las multas económicas contempladas por la Ley administrativa y dentro del apartado de "faltas graves", Actyma exigirá que Marichalar, presunto responsable del disparo que sufrió su hijo, sea sancionado con la incautación durante dos años de las armas y municiones objeto de la infracción, así como de las licencias y guías de pertenencia correspondientes a las mismas, garantizándose la seguridad del menor hasta los 16 años.

Los Estatutos de Actyma la llevan a denunciar todo hecho que perjudique al menor (y a los animales), protegiendo a éste de todo aquello que le pueda perjudicar e incitar actitudes y conductas que vulneren sus derechos reconocidos en la Constitución Española, para su buen desarrollo mental, moral, y poder así desarrollarse como persona humana socialmente de una forma adecuada.

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