El ex director de hacienda de Irun José María Bravo, imputado en el supuesto fraude de la oficina del fisco de la localidad fronteriza, ha negado que se apropiara de las cantidades que se le imputan y ha manifestado convencido de que están ingresadas en la cuenta corriente de la Hacienda irundarra.

Bravo, para el que el fiscal pide 24 años de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, estafa, receptación e insolvencia punible cometidos entre 1990 y 2004, se ha mostrado convencido de que "no se han buscado bien las cantidades que dicen que no están".

Durante la reanudación del juicio por el presunto fraude de la Hacienda de Irun, Bravo ha dicho no tener "ningún género de duda" de que el dinero del que, según la Fiscalía, se habría apropiado, "está ingresado en la Hacienda". "Evidentemente, no han mirado bien, porque el dinero está en la cuenta corriente de la Hacienda", ha dicho.

La vista se ha reanudado este miércoles después de que el pasado lunes se suspendiera para estudiar la peticiones de anulación realizadas por las defensas de dos de los tres acusados, José María Bravo y Rosa Cobos, que alegan vulneraciones de los derechos de sus defendidos.

Finalmente, el magistrado que preside el Tribunal las ha rechazado, por lo que se ha iniciado la declaración del principal acusado, José María Bravo. Posteriormente, declararán Rosa Cobos, esposa de Bravo, y Pedro Atristain, socio del exdirector de la oficina de la Hacienda foral irundarra. En el juicio, con un mes de duración prevista, prestarán testimonio más de 60 testigos.

La Fiscalía pide para José María Bravo 24 años de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, estafa, receptación e insolvencia punible cometidos entre 1990 y 2004. Para Cobos, el fiscal pide 10 años y un mes de prisión por malversación, receptación e insolvencia punible, y para Atristain, un año y medio de cárcel por receptación.

Las irregularidades, hechas públicas en el años 2006, habrían supuesto un perjuicio a Hacienda guipuzcoana de 2 millones de euros, por la apropiación por parte del exdirector de la oficina irundarra del cobro de deudas tributarias a contribuyentes morosos, que posteriormente no ingresaba en las arcas forales. El ministerio fiscal reclama una multa de 2 millones y la restitución al Fisco guipuzcoano de 1,9 millones de euros.