El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Ayuntamiento de la localidad oscense de Zaidín que intente alcanzar un acuerdo con un contratista, con el que ha tenido problemas, para designar a un técnico independiente que determine cómo se ha ejecutado una obra y el pago que debe realizarse por la misma.

En concreto, este técnico independiente debería determinar la obra de reparación de caminos realmente ejecutada en el municipio y, conforme a ello, el pago derivado de la misma en un plazo razonable.

El Justicia resuelve así una sugerencia relativa al pago de facturas por arreglo de caminos en esta localidad, con motivo de la queja planteada por un particular durante la visita realizada por representantes de esta institución a la comarca del Bajo Cinca.

Este ciudadano protestaba en su queja al Justiciazgo por la demora del Ayuntamiento de Zaidín en el pago de los trabajos de arreglo de caminos realizados por una empresa durante los años 2009 y 2010. En su petición, explicaba que durante más de veinte años ha trabajado como contratista del consistorio arreglando los caminos agrícolas, cobrando regularmente el importe de los trabajos.

Sin embargo, de los últimos años "se le deben más de 170.000 euros, habiendo presentado en su momento las correspondientes facturas, correspondientes a los trabajos realizados", por lo que el Justicia admitió su queja a supervisión y solicitó información al respecto al ayuntamiento.

El consistorio envió diversos documentos en los que reconoce la existencia de facturas generadas por la anterior corporación, así como planteó las dudas que albergaban los miembros de la misma sobre la procedencia del pago íntegro, "acreditando este hecho la negativa de la mayoría a suscribir una cuenta de tesorería a tal efecto".

Dos pagos pendientes

Además, el Justicia ha podido saber que existían cuando se constituyó la nueva corporación dos grupos de pagos pendientes por arreglos de caminos, "que eran adeudados a la empresa encargada de suministrar los áridos y a la reclamante, cuyo trabajo era distribuirlos en los caminos para su reparación".

La primera de ellas ajustó su facturación a las observaciones hechas por responsables municipales tras las comprobaciones oportunas y su deuda está liquidada a esta fecha.

Sin embargo, en la facturación de la reclamante "aprecian discordancias con la obra realizada: diferencia entre el material suministrado y el que se acredita como objeto de los trabajos, falta de coincidencia entre los caminos y las fechas donde se indica por la otra empresa que se ha descargado el material, desajuste en algún albarán, intervención en la obra de trabajadores e incluso de otras empresas ajenas a la misma".

Asimismo, un informe jurídico facilitado por el Ayuntamiento de Zaidín "pone de manifiesto que en la realización de estos trabajos no se siguieron los cauces establecidos en las normas reguladoras de la contratación pública, no existiendo expediente para su adjudicación, pliego de condiciones, definición de los trabajos, documento contractual, retención de crédito, información al Tribunal de Cuentas y demás requisitos que son inexcusables en actuaciones de esta naturaleza".

Por ello, se solicitó la elaboración de un expediente para la legalización de los trabajos, pero los informes municipales posteriores presentaron también contradicciones.

Obligación de cumplir la normativa

En este caso, el Justicia recuerda la "obligación, y conveniencia", de aplicar "con rigor" la normativa contractual para evitar estos problemas, así como favorecer una correcta actuación administrativa, con el reflejo contable de cada uno de los trámites que se realicen: autorización del gasto, disposición, reconocimiento de la obligación y pago, trámites que "son de vital importancia para el adecuado control económico de la Administración y el conocimiento de su situación económico-financiera en todo momento".

Por ello, desde esta Institución "se ha insistido, en diversas resoluciones, en la necesidad de que estas labores sean realizadas por funcionarios que deben tener garantizada la independencia en el ejercicio de su cargo".

No obstante, "nada de esto se ha cumplido en el presente caso: no se han definido previamente los trabajos a realizar, no se han hecho las anotaciones contables preceptivas, no ha habido publicidad en las adjudicaciones o encargo del contrato, no ha existido control sobre las obras realizadas, y el que se ha hecho a posteriori ofrece deficiencias de calado, el pago se ha demorado durante un plazo muy superior al legalmente establecido".

El Justicia observa que "estas irregularidades perjudican tanto a la administración, que en este momento desconoce el alcance real de sus obligaciones económicas, como al contratista que ha realizado obras y tenido que adelantar dinero y trabajo sin haber cobrado nada por ello transcurridos más de dos años".

Desde esta Institución, continúan, "entendemos que es mejor buscar una solución a los problemas que lamentarse por los errores cometidos, si bien de ellos se debe sacar provecho en forma de aprendizaje para evitar que se reiteren en el futuro".

En el presente caso, "está claro que se han realizado determinadas obras de arreglo de caminos en el término municipal de Zaidín por encargo de responsables municipales; también, que debe evitarse una situación de enriquecimiento injusto derivada de dejarlas sin pagar a causa de los defectos apreciados en todo su desarrollo".

MEDIACIÓN

Para el Justicia, "es evidente que la Administración debe pagar por los trabajos efectivamente realizados y el contratista recibir adecuada contraprestación por ello" y, aunque el caso podría finalizar en los tribunales, "para la resolución del problema que nos ocupa cabe ofrecer una solución alternativa, que vendría dada por vía de la mediación".

En este conflicto, "lo primero que se ha de hacer es determinar las obras efectivamente realizadas", labor que debería realizar un técnico independiente para examinar los caminos objeto de reparación y analizar la documentación.

Esta persona podría ser uno de los miembros de los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Huesca o de la Comarca, si dispone de ellos, señala el Justicia, para agregar que "tanto el Ayuntamiento como el contratista deberán manifestar previamente la aceptación del informe técnico, comprometiéndose aquel a efectuar en un plazo razonable el pago derivado de las obras que se acrediten como realizadas".

"Entendemos que esta alternativa podría dar al conflicto una solución que satisfaría los intereses público y privado actualmente enfrentados, evitando los mayores gastos y demora en el tiempo que derivaría de reconducirlo a la vía judicial", concluye la institución.