La fractura de una pierna sufrida por el abogado defensor de uno de los cuatro acusados en Valladolid de la estafa del cobre, quienes se exponen a penas que suman 16 años por obtener 500.000 euros de tres personas a las que ofrecieron entrar en un negocio de importación de dicho metal procedente de Chile, sin que fuera adquirido ni el dinero devuelto a los pagadores, ha obligado a la Audiencia Provincial a suspender el juicio previsto para hoy.

A falta de conocer la evolución y plazos de recuperación del letrado accidentado, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial ha acordado posponer el juicio oral sin fijar aún la fecha para su celebración, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública, que considera los hechos constitutivos de un delito continuado de estafa, solicita una pena de cuatro años de cárcel y multa de 6.000 euros para cada uno de los acusados, Javier B.C, administrador de Tanemare S.L; Miguel Ángel P.R, administrador de Comercial Crown 3000; Jacinto Santiago B.V, y el que fuera director de una sucursal de Banesto José María B.G, a quienes, además, en concepto de responsabilidad civil, pide que abonen indemnizaciones por importe de medio millón de euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se remontan a los primeros meses de 2006, cuando el responsable de Tanemare contactó con el de Comercial Crown para la adquisición de cobre y ambos suscribieron un contrato en virtud del cual el primero asumía el compromiso de comprar mensualmente 10.000 toneladas del citado mental, que le proporcionaría el segundo, para lo cual, además, Javier B.C. asumía la obligación de realizar los pagos de forma anticipada.

Este último, según considera probado el fiscal, se puso en contacto entonces con otras personas, Ángel F.R.L. y José Ignacio M.M, a las que ofreció participar en el negocio, valiéndose también para ello de un tercer acusado, Jacinto Santiago B.V, y logró que en abril de 2006 los dos citados desembolsaran 150.000 euros cada uno haciéndoles creer que dichas cantidades les serían devueltas a los quince días y con una alta rentabilidad.

Ante el retraso en el abono de las cantidades, las dos supuestas víctimas pidieron explicaciones y los acusados les comentaron entonces que había problemas con el barco y otras excusas similares, sin que hasta la fecha hayan podido recuperar el dinero invertido.

Pero además, Fiscalía de Valladolid sienta también en el banquillo a José María B.G, quien en aquellas fechas era director de una sucursal de Banesto y que, presuntamente, propuso a Óscar P.L, a quien conocía por ser cliente de su entidad, participar en el negocio del cobre y de quien obtuvo 200.000 euros destinados a la importación del metal.

El cliente fue convencido por José María B.G. y el también acusado Jacinto Santiago B.V. durante el encuentro que mantuvieron con él en agosto de 2006 en Laguna de Duero, donde le prometieron que le devolverían el dinero en diez días y con un beneficio de 30.000 euros.

Sin embargo, la acusación pública sostiene que no consta que los cuatro acusados realizaran gestión alguna para la adquisición e importación del cobre, ni que tampoco procedieran a la devolución del dinero invertido ni al pago de beneficio alguno a los inversores, que preocupados realizaron diversas llamadas a los imputados a medida que transcurría el tiempo y éstos no hicieron otra cosa que darles largas pues les decían que el cobre estaba a punto de llegar.