El Grupo Parlamentario Popular ha reconocido este lunes que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para el Servicio de Emergencia de Cantabria (SEMCA), que afectará en principio a 28 trabajadores, es una medida "dolorosa" e "impopular" pero "necesaria para el interés general" pues el PP "no puede esconder la cabeza debajo del ala" y tiene que corregir los "excesos" y "errores" del anterior Ejecutivo (PRC-PSOE) y reducir gastos.

Durante el debate en el Pleno de una proposición no de ley presentada por el PSOE sobre el SEMCA, que ha sido rechazada con el voto en contra del PP, el diputado 'popular' Julio Bartolomé, ha asegurado que el ERE de esta empresa pública es un "factor más" de la política del Gobierno regional para cumplir el objetivo del déficit y situarlo por debajo del 1,5 por ciento del PIB de la comunidad autónoma.

En contra de la opinión de la oposición, concretamente la expresada por el PSOE al afirmar que "a menos bomberos, menos seguridad", el diputado 'popular' ha asegurado que el ERE "no resentirá el nivel de seguridad" en la comunidad autónoma y ha señalado que, a pesar del Expediente presentado, el Servicio seguirá contando con "más efectivos" que hace 5 años —en 2007 había 82 y actualmente la plantilla asciende a 121_sin que se haya producido un incremento significativo de población.

Por su parte, Bartolomé ha lamentado que ahora la oposición se comporte como un "espectador" cuando el bipartito PRC-PSOE contribuyó a crear los problemas que ahora el PP tiene que resolver, ha dicho.

Durante el debate de este punto, el socialista Francisco Fernández Mañanes ha acusado al PP de "haber puesto contra las cuerdas" al SEMCA y ha denunciado que, desde que llegaron los 'populares' al Gobierno regional han hecho "todo lo posible para empeorar" la situación de esta empresa "100% pública".

Ha recordado que los recursos del SEMCA dependen exclusivamente de los Presupuestos de Cantabria, con lo que, a juicio de Fernández Mañanes, al rebajar en 500.000 euros la dotación para el Servicio de Emergencia, contribuyó a incrementar el déficit de esta empresa, empeorando su situación.

Fernández Mañanes ha reprochado al PP que, mientras los trabajadores han presentado "propuestas y alternativas encima de la mesa", ofreciéndose a trabajar más horas, los 'populares' "no han puesto otra que los 28 despidos".

El socialista ha defendido el SEMCA como un servicio "esencial para el ciudadano" y ha calificado los despidos anunciados como un "gravísimo error" pues, a su juicio, tendrá "consecuencias muy negativas para la seguridad de los cántabros" por lo que ha pedido al Ejecutivo regional "que rectifique" y busque una "solución dialogada" con los trabajadores.

Ha insistido en que, aunque en la actual situación, hay que "priorizar", con la seguridad no se puede, a su juicio, "frivolizar" pues, despidiendo a "un cuarto de la plantilla todos los cántabros van a estar más seguros y más desprotegidos".

Por este motivo, le ha instado a "descartar los despidos", aportar los "recursos necesarios" al SEMCA y, posteriormente, a introducir mejoras en la gestión que hagan "más eficiente" el Servicio.

Además, Fernández Mañanes ha acusado al PP de "no creer" en los Servicios Públicos y de tener un "nulo compromiso" con los mismos y ha denunciado que la promesas del PP han sido "agua de borrajas".

Por otra parte, el socialista ha calificado de "patraña" y "vergüenza" la auditoria encargada por el PP para justificar los despidos del SEMCA a una empresa vinculada al PP que, según ha dicho, ha servido a la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, para conseguir sus "intereses" que, según ha señalado, eran cuestionar la gestión pública del Servicio de Emergencias y despedir trabajadores.

La regionalista Rosa Valdés también ha criticado la auditoria de esta empresa, a la que ha acusado de "fabricar como churros" informes para justificar despidos, tanto en Cantabria como en otras comunidades autónomas, a petición del PP.

Valdés ha criticado el "liberalismo a ultranza" de la consejera y ha censurado la "quema inquistorial" que está llevando a cabo el Gobierno regional con estos servicios, concretamente con el SEMCA, al presentar —ha dicho_un ERE "a las bravas".

Tras recordar que en la pasada legislatura, el PP reclamaba "hace cuatro días" más inversiones y los defendía "con ardor guerrero", ha lamentado que al presidente de Cantabria, Ignacio Diego, le hayan faltado "dos segundos" para cumplir los "mandamientos marianos de tijeras, despidos masivos y de privatización pura y dura".

Montes y valdecilla

Por otro lado, el PP también 'tumbó' con su mayoría absoluta sendas mociones del PRC sobre la deuda del Estado con Cantabria y sobre la Ley de Montes, que sí contaron con el respaldo de su exsocio durante el anterior Gobierno, el PSOE, en las que se reprodujeron los argumentos esgrimidos hace una semana con motivo de sendas interpelaciones regionalistas al Gobierno.

En el caso de la Ley de Montes, el PRC ofreció su apoyo al PP para promover y aprobar una proposición de ley a las Cortes para modificar la legislación del Estado, un mecanismo que contempla el Estatuto de Autonomía, según explicó el portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, y que hasta la fecha no se ha utilizado nunca.

La portavoz del PSOE, Ana Isabel Méndez, al igual que su homólogo del PRC, reprochó al PP y al presidente regional, Ignacio Diego, el "incumplimiento de sus compromisos" con los afectados, y aseguró que todas las medidas que está llevando a cabo el Gobierno fueron puestas en marcha por el Ejecutivo anterior. Afirmación que rechazó el portavoz del PP, Iñigo Fernández, que destacó que el anterior Gobierno "no hizo absolutamente nada" en ocho años.

Frente a ello, Fernández —que criticó la ausencia del secretario general del PRC y diputado, Miguel Ángel Revilla, quien está presentando su libro en Barcelona— reivindicó que en ocho meses el Ejecutivo del PP ha empezado ya a solucionar "situaciones concretas de muchas familias". Según señaló, ya se han desafectado 11 parcelas en San Pedro del Romeral y nueve en Bárcena, y el siguiente municipio será Los Corrales de Buelna. También destacó que hay 12 personas trabajando en la rectificación del catálogo de montes de utilidad pública en 16 municipios.