La organización de conservación marina Oceana ha afirmado que las legislaciones españolas y europeas tienen suficientes instrumentos legales para prevenir el impacto de las exploraciones y explotaciones de gas y petróleo en el Mediterráneo y Canarias y critica que no se están utilizando.

Oceana señala que el Gobierno es "reticente a utilizar la legislación existente" y que, incluso, "ha modificado decretos e interpretado de la manera más liviana la legislación para dar espacio a las empresas petroleras".

"Pese a que las leyes existentes permiten paralizar actividades que tengan impacto sobre el medio ambiente, en especial cuando afectan a una zona Natura 2000, que es la red de espacios protegidos en la UE, el Gobierno español no ha hecho el menor esfuerzo por aplicarlas", ha denunciado.

De este modo, recuerda que el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto para poder poner en marcha las exploraciones en Canarias, que revocó el Tribunal Supremo en 2004. Asimismo, añade que también ha permitido exploraciones petrolíferas en zonas con más de 300.000 y 600.000 hectáreas frente a Valencia, Baleares o Canarias, pese a que la ley del sector de hidrocarburos lo impide para superficies superiores a las 100.000 hectáreas.

Por ello, el director ejecutivo de Oceana Europa, Xavier Pastor, ha señalado que "sería muy conveniente que la Justicia actuara de oficio para detener estas aberraciones y mandar una claro mensaje de que los Gobiernos no están por encima de la ley".

En este sentido, ha concluido en que el Gobierno "tampoco ha aplicado los decretos sobre evaluación de impacto ambiental, que claramente exigen la elaboración de estos informes cuando las actividades de exploración puedan afectar "directa o indirectamente" a espacios protegidos".