El alcalde de Baeza (Jaén), el socialista Leocadio Marín, ha mostrado la voluntad del Ayuntamiento de negociar con los responsables de Oleícola Jaén, ubicada en su término municipal, para alcanzar una solución a un conflicto largo con la ubicación de la orujera como fondo. Eso sí, ha dejado claro que el diálogo "no es posible" si es sobre la base de exigir que "la administración se lo tiene que pagar todo" en lo que a su traslado se refiere.

Así lo ha indicado este lunes en rueda de prensa tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Jaén que da la razón al Consistorio al precintar en diciembre de 2010 dependencias de la orujera y de cuyo texto ha leído varios párrafos porque "parece que no se quiere leer". "De las pruebas practicadas, en especial del ingeniero municipal, ha quedado evidenciado que las siete instalaciones que fueron objeto de clausura no cuentan con la oportuna licencia municipal" de apertura, de modo que sólo dos secaderos contaban con dicha autorización.

Junto a ello y "más importante todavía" para Marín, es que el propio testigo-perito que aporta la empresa dice que la planta de extracción de orujo y la línea de limpieza "no están regularizadas con ningún proyecto que él haya podido ver" y, por tanto, se "reconoce que la segregación de las actividades impuesta por la Junta en 1998 no cuentan con autorización municipal y no se puede adquirir por silencio licencia en contra del planeamiento" local.

Con este panorama, ha realizado varias consideraciones partiendo de que la actuación del Ayuntamiento "ha ido ajustada a derecho en todo momento, le parezca lo que le parezca" a la empresa", a la que ha apuntado que "no se puede repetir otra vez, como si no hubiera ya una sentencia", que no lo fue.

Al respecto, ha valorado que la ley se hace para todos, incluida Oleícola Jaén, que "ha perdido en los tribunales porque es un estado de derecho, no es Sicilia", tal y como ha insistido el alcalde, quien ha añadido que la compañía "está en su perfecto derecho de ir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)" —ha anunciado recurso—, pero siendo conscientes de que "ha perdido" en esta instancia y de que un pleito en Granada "son tres años más en las actuales circunstancias". En este punto, además, ha recordado que el Ayuntamiento, teniendo en consideración a los 28 trabajadores, "no tomó todas las medidas a las que estaba autorizado a tomar y que la sentencia reitera".

Dejar la soberbia

"A lo mejor, dejar la soberbia al margen, reconocer que el Ayuntamiento ha actuado correctamente y pedir negociar para solucionar el problema pudiera ser una buena fórmula. Ahora, si se quiere seguir actuando desde la soberbia y desde el atropello al derecho, pues ése es su problema, pero que no se eche por delante a los trabajadores", ha declarado, al tiempo que ha echado en falta que en diciembre de 2010, cuando se procedió a la clausura, la orujera no entrara en un proceso de diálogo y acudiera a los tribunales. De hecho, Marín ha recalcado que en sus cinco años al frente de la Administración local cuando se ha plantado a alguien la existencia de problema con licencias y se ha podido resolver negociando, así ha sido.

En este sentido, ha reiterado esa voluntad municipal de negociar sobre las actuales instalaciones y sobre el futuro traslado, pero siempre sobre "bases realistas", de modo que no ha podido calificar más que de "broma para que nos riamos todos un rato" que "la administración se lo tiene que pagar todo" en lo que al cambio de ubicación se refiere.

"Las normas del Ayuntamiento, del Estado, obligan a todos los españoles y hay unas normas y esas hablan de subvenciones, una posibilidades determinadas. Pero esa chulería de me lo tienen que pagar todo para que me vaya es inadmisible porque estamos hablando de dinero de todos los ciudadanos", ha criticado el alcalde, quien ha sido tajante en esta materia: "si ésa es la base sobre la que se quiere negociar, tengo que decir de entrada que no hay negociación posible".

De mantener esta postura, en su opinión, la empresa "estará demostrando una vez más es que no quiere negociar, no quiere irse de la actual ubicación", algo de cuyas consecuencias deberá responsabilizarse. "Lo que no es de recibo es que meta miedo a sus trabajadores y a la sociedad baezana. Lo que tiene que hacer es cumplir la ley", ha zanjado Marín.