El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) que se debatirá en la sesión plenaria de la próxima semana para que se mantenga el DNI como forma de acreditar la condición de residente canario a la hora de obtener los billetes acogidos a la subvención al transporte.

En concreto, la PNL insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de España a que "mantenga el sistema de acreditación mediante el DNI de la condición de residente, sin perjuicio de los mecanismos de control que puedan promoverse desde la Comisión bilateral de Cooperación Estado-Canarias o en otros ámbitos de cooperación territorial del Estado con las comunidades y las ciudades autónomas afectadas".

José Miguel Ruano, autor de la PNL, ha explicado que la sustitución del certificado de residencia por el DNI fue "uno de los mayores logros de Canarias en el año 1997 en los acuerdos de CC con el primer Gobierno de Aznar, al simplificar de manera significativa los trámites que los isleños debían realizar a la hora de viajar y, por lo tanto, la movilidad".

Así, en la PNL se explica que fue la Ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado de 1998 la que dispuso la simplificación de la acreditación de la condición de residente en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, "una medida cuyos beneficiarios fueron —por encima de todo— los ciudadanos", resaltó Ruano.

El Grupo Nacionalista Canario sostiene en su PNL que, incluso, modificaciones posteriores de los decretos que regulan este asunto no sólo no han ido en la dirección que pretende ahora el Gobierno del Partido Popular, sino que —consultados transportistas y las comunidades autónomas afectadas (Canarias y Baleares)— se orientaron hacia la adaptación de la liquidación de las bonificaciones a los nuevos sistemas informatizados.

"No se entiende que en un modelo de administración electrónica simplificada y basado en la confianza al ciudadano como titular de derechos, una cuestión consagrada en la directiva Bolkestein, se impongan medidas que suponen un retroceso y un perjuicio a la población", continua la Proposición No de Ley.

Según Ruano, "no tiene sentido combatir el fraude que hubiera podido producirse en la acreditación de la condición de residente imponiendo nuevas cargas al conjunto de la ciudadanía que acredita su identidad y su residencia con el mismo documento".

Sin embargo, José Miguel Ruano aseguró que esta postura "nada tiene que ver con la persecución del fraude, todo lo contrario". "Es necesario que la administración pública encuentre mecanismos útiles para el control de este tipo de fraude que no trasladen al usuario una nueva carga administrativa. Lo más lógico sería crear mecanismos de colaboración entre todas las administraciones que subvencionan el transporte de los residentes para promover las modificaciones que se precisen sin volver al pasado", concluyó.