Antonio Fernández defiende la legalidad del sistema de ayudas y dice que el Consejo de Gobierno lo conocía

Asegura que, a día de hoy, no está afiliado al PSOE tras no pagar las cuotas desde hace tres meses

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha defendido la legalidad del sistema establecido en 2001 para conceder las ayudas que están siendo investigadas por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y ha asegurado que el Consejo de Gobierno "lo conocía, porque no había nada ilegal". "El sistema era legal y lo sigo considerando legal", ha puesto de manifiesto.

Durante su comparecencia como imputado este viernes ante la juez instructora, Fernández ha defendido, de este modo, la legalidad del convenio-marco suscrito en 2001 por el que se regulaban estas ayudas, al tiempo que ha asegurado que, aún conociendo el informe negativo del interventor, hubiera seguido aplicando este "sistema operativo", tal y como lo ha definido la propia juez.

Según ha subrayado el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno "tenía conocimiento" del convenio-marco, porque además "inmediatamente se aprobó una modificación presupuestaria de 13.000 millones de pesetas" para destinarlo a tal fin, tal y como venía recogido incluso en la memoria de dicha modificación presupuestaria, según han indicado a los periodistas varios abogados presentes en la comparecencia.

Al hilo de ello, y según han apuntado las mismas fuentes, Antonio Fernández ha destacado que el referido convenio suscrito en 2001 permitía "una mayor globalidad y era más operativo para los objetivos del Gobierno" de cara a "ayudar a trabajadores, empresas en crisis y los territorios de Andalucía".

En su comparecencia, también ha dicho que, a día de hoy, no está afiliado al PSOE ya que lleva tres meses sin abonar las cuotas correspondientes.

"no tiene ningún motivo para guardar silencio"

La juez, de su lado, considera que el imputado "fue corresponsable del uso descuidado y abusivo del dinero público", así como que "favoreció claramente a su ciudad, Jerez de la Frontera, frente a otras", y que "demostró una absoluta falta de diligencia en la entrega de dinero a aseguradoras de dudosa solvencia y sin autorización".

Por su parte, el abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha dicho a los periodistas que su cliente "no tiene ningún motivo para guardar silencio ni para dejar de contestar a ninguna de las preguntas que se hagan en relación con los hechos de la investigación", sino que, "muy al contrario, tiene un designio firme de aclarar todas las cuestiones que se susciten".

La juez Alaya imputa al exconsejero de Empleo cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario —tráfico de influencias—, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.

La declaración continuará a las 17,00 horas, tras una pausa para comer de 90 minutos.

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