El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se ha reunido este viernes con víctimas de posibles robos de bebés en la provincia de Granada, ante los que se ha comprometido a estudiar sus "quejas" sobre la falta de rigor en las investigaciones realizadas al respecto, "analizar lo ocurrido" y tomar las decisiones "que sean pertinentes" con "absoluta imparcialidad".

Así lo ha señalado García Calderón a los periodistas tras el encuentro mantenido durante más de una hora con varios representantes de las distintas asociaciones de afectados que han denunciado estos casos en Granada (Anadir, Aberoa, o Sos Bebés Robados), que le han entregado un manifiesto que el fiscal superior trasladará a la Fiscalía General del Estado (FGE) en los próximos días, concretamente a la fiscal coordinadora encargada de la investigación de estos asuntos.

También, García Calderón ha adquirido el compromiso de remitir la documentación entregada a la Fiscalía Provincial, que se está encargando de revisar los casos. El fiscal ha considerado que, en lo que respecta a la falta de rigor aludida por los afectados, "no se puede generalizar", aunque en algunas situaciones sí "parece que pueden quejarse" con razones. "La actuación de la Fiscalía en este caso lo único que puede hacer es recibir estas quejas o denuncias y adoptar con absoluta imparcialidad la decisión que corresponda", ha apuntado.

En el manifiesto entregado, que los familiares de niños presuntamente sustraídos han leído en Plaza Nueva tras una manifestación que ha recorrido las calles de la capital desde la Facultad de Medicina, los afectados señalan que en la actualidad se encuentran con "numerosas trabas" para acceder a documentos y registros, y que las denuncias presentadas en juzgados y fiscalías "se archivan sin la más mínima investigación".

Asimismo, señalan en el documento que los delitos que podrían estar relacionados con dichos robos son "permanentes" porque podrían enmarcarse en la detención ilegal o en crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no cabe la prescripción. "La Administración no puede mirar hacia otro lado ante un problema cuantitativamente más grave que el terrorismo (decenas de miles de afectados) e incluso cualitativamente (pues se nos hizo pasar por la muerte de un hijo, y ahora por saber que tu hijo ha crecido en el seno de una familia a la que no pertenece)", sostienen.

Eduardo Raya, padre de una niña que supuestamente murió en 1990 y que está convencido de que lo que realmente sucedió fue un robo, ha relatado a los periodistas que su caso, el primero de España que se denunció ante un Juzgado, concretamente ante el de Instrucción 2 de Granada, es un ejemplo del "desinterés" de los investigadores por el esclarecimiento. De hecho, según ha dicho, cuenta con una prueba de un prestigioso laboratorio que asegura que los supuestos restos de la niña que falleció no corresponden a los de un bebé, sino a los de un adulto, cuando el Instituto Nacional de Toxicología, "con los mismos restos", aseguró que la prueba de ADN no era concluyente, lo que llevó a la juez a archivar su caso.

En su opinión, la Administración "mira para otro lado" e intenta "dar carpetazo" a las investigaciones por la "responsabilidad patrimonial" que supondría el reconocimiento de una trama para robar bebés y porque hay "políticos de primera fila que tienen familiares presuntamente implicados". Por eso, los afectados, ha dicho, están dispuestos a llevar su caso hasta la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional y hasta el de Estrasburgo, que confía en que sí admita la existencia de estas sustracciones en España incluso en democracia, desde los años 50 hasta los 90.

Angustias Rodríguez, portavoz en Granada de la Asociación Aberoa, ha criticado que la fiscal jefe de Granada, Ana Tárrago, asegurara hace unos días que las investigaciones han descartado una trama de robos de bebés en Granada.

"Hay más de 200 casos de afectados, aunque no todos han denunciado. Y hay pruebas de que algo pasaba, no coinciden los datos en los registros, no coinciden los nombres de los médicos, para un único parto había en algunos casos dos matronas y casualmente eran monjas. Si es no es suficiente para abrir las investigaciones de nuevo, no sé qué lo es para la fiscal", ha indicado Rodríguez, hermana de una niña que supuestamente le fue arrebatada en los años 60 a su madre, a la que dijeron que su recién nacida había muerto.