El comité de empresa de 'Sevilla Global' ha trasladado al consejo de administración de esta sociedad de desarrollo económico del Ayuntamiento hispalense que "es radicalmente falso" que un "imperativo legal" obligue a su disolución, aspecto contenido en el plan de ajuste acordado por el Consistorio para acogerse a la financiación estatal destinada a zanjar las deudas de las administraciones con sus proveedores. Los trabajadores creen que la disolución responde a un "mero capricho", piden el cese del gerente y anuncian la impugnación de los acuerdos relativos a tal decisión.

En concreto, fue el pasado 4 de abril cuando el comité de empresa remitió esta "nota informativa" a los miembros del consejo de administración de esta sociedad mercantil anónima municipal. Y es que la disolución de esta sociedad, así como la de la televisión municipal 'Giralda TV', ha sido ya aprobado por el pleno del Ayuntamiento hispalense, al prosperar el plan de ajuste promovido por el Gobierno popular para adherir al Consistorio al real decreto Ley 4/2012, gracias al cual el Estado sufraga las deudas contraídas por las administraciones con sus proveedores.

"imperativo legal"

Según el Ayuntamiento, la disolución de Sevilla Global responde a un "imperativo legal" al incurrir supuestamente esta sociedad en causa de disolución. Pero el comité de empresa, en esta carta recogida por Europa Press, advierte de que "es radicalmente falso que exista un imperativo legal que obligue a la disolver Sevilla Global". Según los trabajadores, el artículo 103.2 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales en el Régimen Local, relativo a extremos de disolución, "no es de aplicación para Sevilla Global".

Igualmente, "ningún artículo del Real Decreto Ley 4/2012 establece el imperativo legal de proceder a la disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas superiores a la mitad del capital social". De tal manera, el comité de empresa entiende que la disolución, con efectos sobre 52 trabajadores, responde a "un mero capricho del interventor municipal y de los miembros de la Corporación que han votado a favor (...), dañando a las personas que trabajamos honradamente en esta sociedad".

Recurso contencioso administrativo

A tal efecto, el comité de empresa ha reclamado todos los documentos y actas relativos a esta decisión y ha pedido al secretario general del Ayuntamiento de Sevilla su personación en el expediente de disolución, pues los trabajadores prevén recurrir este extremo por la vía de lo Contencioso Administrativo. El comité de empresa, igualmente, promueve un dictamen jurídico que dirima si tales decisiones implicasen un posible delito de prevaricación.

"Distorsionar la realidad jurídica y mercantil de una sociedad para forzar su disolución, hasta el punto de pretender hacer pasar una decisión arbitraria e injusta, fruto del capricho imprudente de un funcionario y de un grupo político municipal, por un imperativo legal, abusando de una posición de superioridad, podría ser constitutivo de un delito", avisa el comité de empresa, toda vez que "en el informe de los auditores de Sevilla Global correspondiente al ejercicio 2011 no se constatan causas legales ni estatutarias para la disolución de esta compañía", insiste la representación de los trabajadores, que incluso ha reclamado al alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), el cese del gerente de la sociedad, Pedro Maestre, al no defender "los intereses económicos y sociales" de la empresa.