El Ejecutivo ha aprobado el proyecto de ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos, conocido como el plan de ajustes. Tras recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno, en la reunión de ayer, el anteproyecto se ha trasladado este viernes al Parlamento autonómico para su tramitación, que se acometerá con carácter de urgencia.

Y es que la Administración regional espera que este Plan, que mantiene el ahorro de 157 millones de euros previsto inicialmente, entre en vigor el próximo mes de junio, según ha indicado la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz.

En una rueda de prensa, en la que ha repasado las "descabelladas" actuaciones de PRC y PSOE al frente del Gobierno anterior que "obligan" a adoptar este plan, Díaz ha pedido un "plus de responsabilidad" a la oposición para que apoyen las medidas diseñadas por el PP, que son "valientes", de carácter "temporal" e "imprescindibles" para salir de la crisis y empezar a crecer y generar riqueza. Además, se enmarcan en la situación "más difícil" en la historia de esta Comunidad Autónoma.

No obstante, la consejera espera "mucha crítica" y "muy fácil" de regionalistas y socialistas contra el Plan de ajustes, toda vez que las medidas no son "gratas". Pero "de aquellos barros vienen estos lodos", les ha recordado a PRC y PSOE, que "saben muy bien" quién ha provocado la situación actual de la región, ya que son los "sujetos activos" y son conscientes de cómo "dejaron" a Cantabria hace nueve meses.

En cuanto al plan en sí, Díaz ha señalado que se estructura en dos grandes ejes: el de las medidas para recaudar y aumentar los ingresos, como la implantación del céntimo sanitario, y el de las orientadas a reducir gastos y ahorrar, caso de la reorganización en el ámbito de la Administración.

El objetivo último es, como se explica en la exposición de motivos del anteproyecto de ley, reducir el déficit de Cantabria, que en 2011 se elevó al 4,1%. Para ello, el Ejecutivo ha diseñado una batería de medidas que, como ha admitido Díaz, hubiera sido "mucho más fácil no tener que adoptarlas". "A ningún Gobierno le resulta grato" ni introducir nuevos impuestos y tasas ni hacer ajustes en materia de personal, ha reconocido, para puntualizar que se los ajustes se acometen "por responsabilidad".

Lo que no ha precisado la consejera es el tiempo que estarán vigentes las medidas previstas, ya que sería "inadecuado" poner una fecha. Así, dependerán de la coyuntura y se volverá a la situación actual a medida que se vaya recortando el déficit y aumentando los ingresos. Además, los ajustes permitirán a finales de año, cuando se lleven un semestre aplicando, hacer "mejor los números" para el próximo presupuesto regional.

Cambios vía enmienda e incorporaciones técnicas del ces

En cuanto a la tramitación parlamentaria, ha apuntado que es "probable" que se introduzcan cambios a través de enmiendas, más si se tiene en cuenta que las reformas aprobadas por el Gobierno central afectan a alguno de los artículos del anteproyecto.

De momento, y en relación al informe contrario del Consejo Económico y Social (CES), que se ha opuesto por unanimidad a las medidas del plan de ajuste, Díaz ha indicado que se ha introducido alguna cuestión pero de carácter "técnico" y que, además, son asuntos que ya había previsto el Gobierno, como la supresión de que los permisos de maternidad no son incapacidad transitoria y, por tanto, no se verán afectados por los cambios en los complementos a esta incapacidad.

En cuanto a la supresión del CES y de los consejos de la Mujer y Juventud, la consejera ha recalcado que también es de carácter temporal, y ha explicado que estas medidas obedecen a que, por ejemplo, el Gobierno no puede ni "costear el alquiler" de la sede del CES. Al mismo tiempo, hace que los ciudadanos entiendan de forma "más fácil"

Además, mientras permanezcan suprimidos estos órganos, se van a respetar "al máximo" los cauces de participación de jóvenes y mujeres. Así, se van a habilitar sendas comisiones consultivas para dar "voz" a estos dos colectivos y las materias relacionadas con los mismos, pero con los medios de la administración, desde la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, y sin que haya partidas específicas en los presupuestos, ya que "no habrá retribuciones" complementarias.

Tras indicar que el texto del anteproyecto es "extraordinariamente complejo" porque, entre otras cosas, recoge "múltiples modificaciones" de leyes, ha agradecido el esfuerzo realizado para que los trámites hasta su presentación se reduzcan al máximo. Es el caso del informe del CES, que se ha presentado en una semana en vez de en quince días.

Actuaciones descabelladas de prc y psoe

Leticia Díaz ha repasado las "descabelladas" actuaciones de PRC y PSOE que, unidas a la crisis, "obligan" a adoptar estas medidas. Así, ha citado, el dinero "despilfarrado" en GFB y que "no podemos recuperar", los 4,5 millones "tirados" por el contrato de Astra, otros tantos del Ecoparque Besaya, los 17 millones del Racing, el crédito de 31 millones del Ministerio de Ciencia y que PRC-PSOE aplicó al gasto corriente en lugar de en I+D+i.

Igualmente, ha mencionado el que Cantabria haya encabezado desde 2003 la creación de entes y sociedades públicas, y que el incremento de personal desde ese año en la Administración se sitúe entre el 8 y 9%, mientras que en las sociedades públicas esa cifra se multiplica por tres, según ha dicho Díaz.

Además del déficit del 4,1%, ha indicado que los ingresos de 1.800 millones euros, un dato "muy malo" si se compara con los 2.400 millones del presupuesto de 2011, diferencia que a su juicio supone una "barbaridad".

Por ello, ha dicho, todo lo que haga el actual Gobierno es "poco" para reconducir la coyuntura actual, marcada también por la devolución al Estado de los 490 millones de anticipos que gastaron PRC y PSOE y que fueron "mal calculados" por el Estado, o las facturas "no contabilizadas ni presupuestadas" halladas "en los cajones" del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que se han incrementado hasta los 274 millones.

La consejera también se ha referido a las pérdidas de 260 millones acumuladas en empresas públicas durante los últimos seis años y de los que 50 corresponden al pasado ejercicio.