El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha puesto en duda que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que promueve la Comisión Europea vaya a evitar que las ayudas beneficien a quien no tiene actividad agrícola, al tiempo que ha criticado la complejidad de tal reforma y el riesgo de incrementar en un 15 por ciento los costes de su aplicación.

Tampoco cree que Bruselas haya definido de manera "adecuada" los objetivos y resultados previstos por las propuestas más innovadoras en relación a condicionar hasta un 30 por ciento de los pagos de las ayudas directas a la "ecologización" de las prácticas de los agricultores. "La presentación de estos elementos contribuiría a orientar y centrar la política en la obtención de los resultados previstos", opina el tribunal.

Los servicios del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, no han querido hacer comentarios sobre el informe crítico, a la espera de estudiar su contenido en detalle. "Es prematuro dar una valoración. Vamos a analizar cuidadosamente el texto, en especial cualquier sugerencia para simplifcar más la PAC", han zanjado fuentes próximas al comisario.

En el examen difundido este martes, el tribunal apunta que "persiste el riesgo de que se sigan pagándose ayudas a beneficiarios que no desempeñan ninguna actividad agrícola", a pesar de la nueva figura de 'agricultor activo' que ha pensado Bruselas para tratar de limitar este problema.

También ve insuficiente la idea de fijar un techo máximo de 300.000 euros anuales para las ayudas agrícolas por explotación porque cree que su efecto será "restringido".

Entre las recomendaciones del tribunal para resolver las carencias figura introducir una definición "simple y general" de agricultor activo y que se confíe a la Comisión la tarea de "gestionar" la aplicación de las nuevas normas, para asegurar el objetivo de incrementar la productividad agrícola y aumentar la renta individual de los que trabajan en la agricultura.

Estas son parte de las conclusiones iniciales del examen del tribunal sobre las propuestas de reforma sobre los distintos reglamentos de la PAC que el Ejecutivo comunitario presentó en octubre de 2011 y que deben ser negociados en el próximo año y medio con los Veintisiete y el Parlamento Europeo. El objetivo es que la nueva política agraria se aplique a partir de 2014, coincidiendo con el nuevo ejercicio presupuestario de la UE de 2014 a 2020.

El dictamen del tribunal reconoce los "esfuerzos" de Bruselas por simplificar las disposiciones de la PAC pero concluye que el marco legislativo "sigue siendo demasiado complejo", por ejemplo por los seis estratos de normas para el gasto en desarrollo rural.

La condicionalidad que introduce la propuesta de reforma, pese al objetivo de "reorganizar" el reparto de las ayudas directas para hacerlo más equilibrado y justo, "sigue dificultando su administración" por parte de los organismos pagadores y de los beneficiaros, según las conclusiones del tribunal, que presentará el informe en detalle antes de que acabe este mes de abril.

Otro problema no resuelto en opinión del tribunal es que el reparto de la PAC "sigue estando basado esencialmente en los gastos y en el control del gasto", esto es al cumplimiento de las normas que fija la Unión Europea, dejando de lado el "rendimiento" de los agricultores o explotaciones que reciben los apoyos de las arcas comunitarias.

En este sentido, lamenta que los reglamentos propuestos "no presente objetivos específicos fijados para los pagos directos a los agricultores, ni tampoco los resultados previstos de estas disposiciones o el tipo de indicadores previstos para medir estos resultados".

Además, el tribunal ve necesario mejoras como asignar "objetivos específicos y concretos" para las ayudas al desarrollo rural y "garantizar que la ayuda se destina a las zonas rurales que más la necesiten".

Por último, el tribunal de cuentas plantea sus dudas respecto a si las reformas podrían aplicarse tal y como están pensadas por el Ejecutivo comunitario "sin imponer una carga administrativa excesiva" a las agencias de gestión nacionales y a los agricultores.

"La reforma propuesta probablemente incrementará en un 15 por ciento los costes de la gestión de los regímenes de pagos directos sufragados por los Estados miembros. El Tribunal constata que no se dispone de información que refleje en qué medida estos costes adicionales serán compensados por una mayor eficiencia de la gestión o de la política", advierte el informe.

La Comisión es "responsable en última instancia de la ejecución del presupuesto y debería revisar el funcionamiento de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros al inicio del nuevo período financiero", añade, con el objetivo de "mitigaría el riesgo" de que la detección de fallos sobre el gasto quedara postergada a futuros controles.

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