Ecologistas en Acción ha denunciado la extracción de aguas públicas subterráneas para riego agrícola en los sondeos de El Maguillo, en el término municipal Beas de Segura (Jaén), ante la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "por las irregularidades en la concesión de la captación y por el fuerte impacto medioambiental en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas".

Según ha informado este martes en un comunicado la citada organización, junto con la Plataforma por la Defensa de los Valles Verdes (que engloba también a numerosos vecinos afectados y a la asociación Segura Ecológica), han presentado los correspondientes escritos de denuncia ante los referidos organismos en los que ponen de ponen de manifiesto los "defectos esenciales en la tramitación de la concesión de captación de aguas públicas a la comunidad de regantes de Beas de Segura, así como los daños medioambientales actuales e inminentes constatados tanto por estos colectivos como en el informe presentado por la directora-conservadora del Parque Natural ante la Junta Rectora del mismo".

En dicho informe, según han señalado, tanto la declaración de impacto ambiental como la autorización "se concedieron sin el preceptivo informe de la Junta Rectora del Parque Natural y sin que en ningún momento se informara acerca de las condiciones de explotación". "La ausencia de un informe preceptivo de la Junta Rectora del Parque equivale a la denegación de un trámite de audiencia expresamente establecido como necesario por la legislación vigente, lo que implica un vicio en el procedimiento de otorgamiento de la autorización que determina su nulidad radical", han precisado.

En su escrito, Ecologistas en Acción detalla, además, los "incumplimientos" al condicionado al que se sujetó la declaración de impacto ambiental, por lo que también piden que se declare su nulidad. Entre ellos citan la ausencia de controles de calidad de las aguas, el uso no previsto de agroquímicos, la utilización de un grupo electrógeno no previsto en el proyecto inicial y la inexistencia de un inventario de los puntos de agua con indicación de los extremos exigidos por la declaración de impacto ambiental.

En cualquier caso, han lamentado que "lo más grave de todo" es el "efecto de desecación de fuentes y manantiales" del que habían advertido con años de antelación. Según ha añadido, el citado informe de la directora del parque así lo ha constatado, haciendo notar la "clara relación causa-efecto entre la captación y la desecación que ha producido la afección a los manantiales próximos a los sondeos de explotación". Además, advierte del peligro que corren determinadas poblaciones de flora legalmente protegida por la legislación andaluza.

Estos hechos, en su opinión, son suficientes para concluir que la autorización hubiera sido denegada si la Consejería de Medio Ambiente hubiese contado con todos los datos necesarios. "En consecuencia, es evidente que la comunidad de regantes ha obtenido el derecho a ejecutar su proyecto pese a carecer de los requisitos esenciales para su adquisición", ha apuntado.

Piden que medio ambiente suspenda la autorización

Así las cosas, la organización ecologista ha solicitado que se suspenda con carácter urgente la declaración de impacto ambiental y la autorización otorgada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente así como que la CHG considere los "graves problemas de desecación" advertidos en el parque natural y los "defectos de tramitación que vician de nulidad radical" la declaración de impacto ambiental referida al proyecto de riego, procediendo a su revisión y declaración de la nulidad de pleno derecho.

Igualmente, ha pedido que se ordene a los promotores del proyecto, la Comunidad de Regantes de Beas de Segura, que se abstengan de continuar en su ejecución y, en particular, de continuar la actividad de riego iniciada de nuevo desde mediados de marzo con el agravante que supone el actual período de sequía, mientras no sea expresamente autorizada para ello, con advertencia de las responsabilidades a que puede haber lugar, en aplicación del artículo 44.2 de la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental.

Por otra parte, los denunciantes han recordado a la Consejería de Medio Ambiente lo dicho por el Defensor del Pueblo español en su respuesta de 21/07/2001 a la denuncia presentada por la Plataforma Valles Verdes: "a nuestro entender la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se muestra excesivamente formalista en una interpretación favorable a los intereses de la Comunidad de Regantes promotora y desfavorable a los intereses de los demás; es decir, sin tener presente que la finalidad de la legislación de impacto es proteger éstos, antes que aquellos. Con la legislación de impacto no se busca proteger los derechos de las comunidades de regantes sino los intereses generales derivados del artículo 45 de la Constitución española".

En definitiva, Ecologistas en Acción y la Plataforma Valles Verdes consideran que lo que procede es la protección urgente de esta zona de especial valor medioambiental, que es parte esencial del patrimonio natural de todos los vecinos de Beas de Segura y que merecidamente forma parte del Parque Natural y de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.