El 65 por ciento de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía han sido captadas en sus países de origen por las redes mafiosas a través de amigos, familiares o conocidos, según los datos que se desprende de un estudio sobre 'Las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Andalucía", elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear).

Dicho estudio, "pionero" en la comunidad y basado en entrevistas a 150 mujeres víctimas de trata, ha sido presentado este viernes por la directora del IAM, Soledad Ruiz, la coordinador provincial, María de los Ángeles García, y la autor del estudio Mercedes Arconada, y aporta, además de datos estadísticos "cuantitativos y cualitativos", propuestas de intervención para profesionales que trabajen en este ámbito. Tal y como ha señalado Ruiz, la trata "se ha convertido en el tercer negocio ilícito más lucrativo después del tráfico de armas y de estupefacientes", capaz de generar "entre 8.500 y 12.000 millones de euros anuales".

La trata para la explotación sexual "es una vulneración de derechos humanos, así como una extrema situación de desigualdad y de violencia de género", lamenta Ruiz, al tiempo que afirma que "es un fenómeno complejo en el que se ha permitido la impunidad a las mafias especializadas, y ante el que existe la necesidad de reforzar el marco normativo". Además, destaca la "preocupación" del Gobierno andaluz ante este asunto, "como lo demuestra el hecho de que el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía y el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género crearan grupos de trabajo sobre la trata de seres humanos para la explotación sexual".

Por su parte, la autora del estudio ha resaltado que se trata de un problema "invisible para la sociedad, más allá de la prostitución como problema de orden público", pero "también es invisible para las víctimas, ya que el 89 por ciento no se reconoce como tales". A parte del dato de que la principal forma de captación es el entorno familiar de la mujer, el estudio también revela que el 77 por ciento de las entrevistadas han sido víctimas de agresiones sexuales por parte de la pareja, familiares o grupos armados, una situación que las hace "especialmente vulnerables" a las redes de trata, que aprovechan su situación de rechazo familiar y social —por el mismo hecho de haber sido violadas— y su deseo de huir de dicha exclusión.

Además, Arconada —quien ha manifestado que "aunque son datos objetivos, los perfile de las mujeres evolucionan porque las redes se van adaptando para burlar las nuevas normativas"—, ha señalado que son tres los "principales" motivos que impulsan a las mujeres a salir de sus países: por necesidad económica (55%); por situaciones familiares, desde el rechazo familiar por haber sido violadas hasta el cuidado de menores (22%); y los conflictos bélicos (23%).

En cuanto al perfil de la víctima, es el de una mujer joven —el 62% de las encuestadas tienen entre 26 y 35 años, predominando las menores de 30 años y "cada vez más las menores de edad", precisa la autora—, con bajo nivel educativo —el 58% no tiene estudios o sólo primarios y el 23% tiene estudios secundarios— y con cargas familiares —el 57% tiene alguna responsabilidad familiar, y el 68% tiene hijos propios—.

Por país de origen, el 36 por ciento de las víctimas de trata proviene de Europa del Este, seguido por un 32 por ciento de Latinoamérica —sobre todo Brasil, aunque también está en aumento Paraguay— y el 32 por ciento de África Subsahariana —sobre todo Nigeria—. Llegan a España a través de diferentes medios, según la procedencia: desde Europa del Este, las redes utilizan transporte terrestre —autocar, furgoneta o tren—; desde Latinoamérica el avión —con un prestamista con el que se adquiere una deuda de 15.000 a 20.000 euros—; y desde África en autobús o patera —con una deuda de 20.000 a 40.000 euros—.

Por situación administrativa y jurídica, el 75 por ciento está en situación irregular o con documentos falsos y el 81 por ciento tiene orden de expulsión en España. En este sentido, Arconada aclara que el estudio "se realizó antes de entrar en vigor la normativa nueva que no permite la expulsión si son víctimas de trata para la explotación". Respecto a los modos de control por parte de las redes, existe un control estrecho a través de amenazas y violencia física en los clubes. Las mujeres de confianza —con un rol más importante en la red— y otros agentes son más usuales en los pisos. Otros medios son la sustracción de la documentación o el cambio de la zona de explotación —para evitar el seguimiento—.

El 48 por ciento de las víctimas reside en zonas rurales, cerca de explotaciones agrarias —sobre todo en Almería y Huelva— y el 52 por ciento restante repartido entre zonas suburbanas y urbanas, sobre todo de Sevilla y Málaga. Los lugares donde son forzadas a prostituirse son, en un 53 por ciento de los casos, los clubes, seguido de un 31 por ciento en pisos, "lo que hace más difícil la intervención y la detección", y el 16 por ciento en la calle. Salvo la atención sanitaria —el 69% la ha recibido—, las mujeres no acceden a los recursos sociales y, si lo hacen, es a través de ONGs, por la confidencialidad que éstas les proporcionan.

Las expectativas de futuro de las víctimas varían según la zona de procedencia. Así, las mujeres procedentes de Europa del Este, donde predominan los estudios superiores, aspiran a convalidar o terminar sus estudios y lograr un puesto de trabajo a medio plazo; las de Latinoamérica —con menos formación pero con la ventaja idiomática— también desean trabajar, esta vez en sectores de la hostelería y los servicios domésticos, una vez salden la deuda y regulen su situación; mientras que las de África, con menor formación y la barrera del idioma, presentan más vulnerabilidad, y sólo aspiran a corto medio plazo a obtener papeles.

Propuestas de intervención

Junto a los datos, el estudio aporta, a nivel cualitativo, otras conclusiones como la necesidad de una actuación informativa inmediata en los puntos de entrada masiva —como Ceuta y Melilla— para dificultar el contacto con la red en España y de un trabajo de concienciación desde el primer momento para que estas mujeres se reconozcan como víctimas.

A partir de ahí, el estudio recomienda, a nivel jurídico, fomentar la decisión de denunciar, articular medidas que garanticen el período de reflexión, elaborar una Ley Integral de víctimas de trata, agilizar la coordinación entre autoridades, formar a las personas profesionales, elaborar protocolos más ágiles, crear unidades especializadas que den información inmediata a las víctimas, crear turnos de abogados especializados para la atención a las víctimas en todas las provincias —únicamente existe en el Colegio de Abogados de Sevilla—, etcétera.

A nivel social, se apuesta por reforzar recursos de acogida, coordinar mejor los recursos para evitar "peregrinaciones" a las mujeres, o cubrir con ayudas los costes de alojamiento y alimentación. A ello se suma la necesidad, en el ámbito sanitario, de reforzar una atención especial a un colectivo que sufre enfermedades como el VIH, consecuencia de la explotación.

En el terreno laboral, se aboga por facilitar la convalidación de los estudios a quienes los tengan, ofrecer planes de alternativa de vida, dar acompañamiento a la inserción o reforzar los acuerdos con los agentes sociales y las administraciones públicas, entre otros, mientras que a nivel educativo el estudio recomienda más recursos para la formación de las víctimas y más acciones formativas para hombres jóvenes para concienciar sobre las consecuencias de la prostitución.