Los vecinos de las viviendas sociales de Las Huertas estudian acciones legales contra la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, tras conocer "por casualidad" que ésta les cobra no sólo el alquiler de estos espacios, sino el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) "sin informarles". Según avisan, se trata de una "jugada sucia" de la Administración andaluza con el objetivo de acometer "desahucios por impago", recordando que este colectivo ha llevado a cabo diversas movilizaciones ante la decisión de la Junta de no hacerse cargo de este impuesto, como sí lo hacía antes.

El responsable de la Asociación de Vecinos Félix Rodríguez de la Fuente, Enrique Álvarez, ha explicado a Europa Press que desde EPSA se les indica que se trata de un cambio desde octubre en sus "términos internos de contabilidad", pero desde los vecinos se advierte de que es una "jugada sucia, ya que nadie informó de que se estaba cobrando", por lo que ahora acumulan deudas de varios meses con la Administración. "Nos enteramos por casualidad, cuando un vecino preguntó por el estado de su vivienda y le comunicaron que tenía deudas, algo que no se explicaba porque había abonado todos los alquileres", agrega.

Así, señala que los vecinos han continuado abonando el alquiler mensualmente, pero que el dinero que llegaba a EPSA se contabilizaba tanto para el alquiler como para el IBI, con lo que "tenemos todos los recibos de alquiler pagados, pero ahora nos dicen en EPSA que debemos varios meses". "Los vecinos seguíamos abonando la misma cantidad de alquiler que hemos pagado siempre sin saber que se había cambiado en octubre de hecho", resalta.

Álvarez teme que se trate de una estrategia de la Junta para que acumulen "un determinado número de recibos sin pagar y llevarnos al juzgado para desahuciarnos". Ante esta situación, han convocado una asamblea con los vecinos esta semana para explicarles lo que está ocurriendo y advierten de que no van a pagar el IBI "hasta que no se solucione la situación".

En este marco, cabe recordar que este colectivo ha llevado a cabo casi una decena de movilizaciones desde septiembre de 2011, cuando la Junta anunció su intención de repercutirles el IBI, algo ante lo que recuerdan que esta asunción no estaba en sus contratos.