El Consejo de ministros ha abordado dos temas clave: el proyecto de ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y el de Contratos del Sector Público.

El Estatuto Básico del Empleado Público fue firmado por el Gobierno y los sindicatos UGT, CC OO y CSI-CSIF el pasado 13 de junio en un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa y presidido por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

Incentivar el trabajo

Dos millones y medio de funcionarios de toda España se verán afectados por la norma que, según el Gobierno, mejorará el nivel salarial de los funcionarios e incentivará su trabajo.

La aprobación de esta ley significa que los funcionarios cobrarán según su esfuerzo, y entre sus condiciones destaca el derecho a la negociación colectiva y a la supresión de la temporalidad.

Establecerá condiciones homogéneas para 2,5 millones de funcionarios
Así, la continuidad de los puestos de trabajo de los empleados públicos dependerá de su desempeño -al que se ligará la retribución- y se permite a las distintas administraciones convocar plazas para hacer fijos a los 600.000 trabajadores públicos temporales que existen.

Por su parte, el proyecto de ley de Contratos del Sector Público traspone la directiva de coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

Menos barreras

La iniciativa pretende contribuir al impulso de la productividad eliminando barreras de entrada al mercado de la contratación pública y aumentando la competencia, así como introducir en la legislación nacional el uso de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, sha sido  el encargado de presentar el informe sobre el anteproyecto de ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Otras medidas

En el Consejo también se ha aprobado  un decreto que regula la concesión de una subvención extraordinaria a Marruecos para mejorar el control de sus fronteras y la lucha contra la emigración ilegal.

Además, el Gobierno ha dado luz verde a un acuerdo por el que se autoriza al Imserso a ejecutar un programa de vacaciones de carácter social destinado a personas mayores durante la temporada 2006-2007 y cuyo importe asciende a casi 58 millones de euros.