Izquierda Social y Ecologista (Iseco) critica las "maneras populistas" con que el Gobierno y el PRC están debatiendo, a su juicio, sobre la aplicación de la Ley de Montes, y considera que la respuesta a las legítimas demandas de los particulares "debe estar supeditada a la defensa del interés general".

En un comunicado, Iseco ha pedido "una actitud más responsable" a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca, Blanca Martínez, y al portavoz del PRC en el Parlamento, Rafael de la Sierra, y ha subrayado que "afectados" por la Ley de Montes "somos todos los cántabros que tenemos derecho a promover la mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional de los montes de Cantabria".

En cuanto a las medidas implementadas por el Gobierno, la cooperativa política de izquierdas se ha mostrado partidaria de que los Montes de Utilidad Pública (MUP) "sean deslindados únicamente con criterios técnicos y no para favorecer ningún interés privado, tal y como se desprende de algunas declaraciones públicas".

En cambio Iseco considera "acertada" la oferta de asistencia técnica a los particulares que disfrutan de aprovechamientos en parcelas integradas en los MUP y la posibilidad de generalizar títulos concesionales durante un periodo de tiempo, pero solicita la reducción de 75 a 35 los años dispuestos en la Orden publicada el 19 de marzo y reforzar los mecanismos de publicidad y concurrencia competitiva.

Por último Izquierda Social y Ecologista resalta que la responsabilidad del conflicto es únicamente de los Ayuntamientos, Juntas Vecinales y del Servicio de Montes del Gobierno de Cantabria, "que con su dejadez e incapacidad han pasado por alto cuestiones tan relevantes como que muchos particulares han escriturado fincas, pagado contribuciones, recibido licencias de obras o subvenciones para reforestar, sin que ninguna autoridad les advirtiera sobre la titularidad pública de los terrenos".