La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, ha valorado este jueves la recomendación del Tribunal de Cuentas de incorporar a la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) la regulación de la definición de agricultores y ganaderos profesionales para que las ayudas lleguen a los "profesionales" y evitar que recaigan en "campos de golf y aeródromos"

Tras la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, presidida por el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, la consejera ha valorado que el Tribunal de Cuentas haya trasladado a la Comisión Europea la necesidad de incorporar a esta reforma la supresión de la percepción de ayudas por parte de los campos de golf, aeródromos y todos aquellos que no eran agricultores profesionales.

A su juicio, la definición debe elaborarse teniendo en cuenta que las ayudas deben llegar a agricultores y ganaderos profesionales que "son la razón de ser de la PAC". "Es el rumbo que debería adoptar la Comisión Europea y me parece importantísimo lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas y eso tiene que provocar un giro de 180 grados en este concepto", ha añadido.

En cuanto al apoyo a jóvenes agricultores, Clemente ha valorado que existe un pago directo del 2 por ciento para incentivar su incorporación pero considera que es "insuficiente" y que debe estimularse el apoyo con otras medidas complementarias. En este sentido, ha considerado que este es el momento para que las medidas que se añadan en la reforma de la PAC realmente permitan la incorporación de jóvenes.

Respecto a las ayudas asociadas a aquellos sectores que puedan resultar perjudicados con la reforma, Clemente ha considerado que la misma no debería plantear un catálogo cerrado tal y como señala la Comisión Europea sino que debería "ser una posibilidad abierta a todos los sectores".

En cualquier caso, si la Comisión mantiene la lista cerrada la consejera ha considerado necesario para Castilla y León que se incorporen sectores como el ovino o caprino de leche, la patata o la apicultura.

Además, ha reclamado que la Comisión cierre el listado de las zonas desfavorecidas para poder concretar si las ayudas serán suficientes.

Por otro lado, la consejera se ha manifestado en contra de la desaparición de los derechos de plantación del viñedo teniendo en cuenta que un 65 por ciento de la superficie plantada en al Comunidad está ligada a las denominaciones de origen. Una posición que mantienen las comunidades autónomas y que entiende que será la posición que defienda España en Bruselas.

La Conferencia Sectorial ha acordado la distribución de 10,1 millones de euros para diversos programas de agricultura y desarrollo rural para 2012. De esta cantidad, 5,8 corresponden a transferencias a las Comunidades Autónomas para financiar los intereses de los prestamos concedidos en 2008 a titulares de explotaciones ganaderas.

En este sentido, la consejera ha señalado que Castilla y León recibirá dos millones de euros para el pago de la anualidad de 2012. En total, ha apuntado, 10.000 ganaderos se acogieron a estas líneas de préstamos que fueron reforzadas por financiación del Gobierno regional.