El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Granada, José Torrente (PP), ha exigido este lunes las dimisiones de Julio Bernardo como secretario provincial del Partido Comunista y Francisco Cuenca como portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada después de que la Fiscalía de Granada haya abierto una investigación por la supuesta gestión irregular de los fondos del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores (Poctefex), para la organización de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán (Marruecos) entre el 26 y el 28 de mayo del pasado año y el proyecto Magrec, para la creación de un museo en Chaouen.

En rueda de prensa, Torrente ha señalado que la institución ha puesto en manos de sus servicios jurídicos todo lo relacionado con Poctefex, porque, según ha dicho, "no está todavía todo claro" y solo se ha conocido un 10 por ciento de la gestión del programa. "Los servicios jurídicos trabajan en desgranar todos los contratos y todas las facturas para intentar conocer toda la verdad en torno a la gestión de los tres millones de euros de presupuesto del Poctefex. La opinión pública necesita conocer lo que ha pasado con el dinero de todos", ha remachado Torrente.

El portavoz ha considerado que ya no hay solo indicios de conductas irregulares sino que se constatan dichas irregularidades y "tenemos decisiones de órganos jurisdiccionales competentes que afectan a políticos que están con sus cargos y sus responsabilidades absolutamente en vigor". Por ello, el equipo de gobierno provincial ha exigido formalmente la dimisión de Julio Bernardo, quien fuera vicepresidente segundo por IU en la Diputación hasta hace apenas un año, y la del portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, pues "empresas como la de la señora de Paco Cuenca hay muchas en Granada pero acceso al contrato solo lo tuvo ella" para el proyecto de un museo en Chaouen.

"La dimisión será la solución", ha aseverado José Torrente, que ha puesto de relieve el "silencio locuaz e incluso cómplice de los principales dirigentes de IU y PSOE ante este tema". En concreto, Izquierda Unida podría "hacer lo que piden en sus manuales de estilo que publicitan con motivo de cada campaña", esto es, cesar a los cargos que sean objetos de imputaciones o condenas en procesos judiciales dimanados de sus responsabilidades públicas.

"Un partido centenario e histórico de la izquierda granadina y española no puede tener como máximo dirigente a un señor que tiene turbios asuntos relacionados con la época en que era responsable público", ha aseverado Torrente en referencia a Julio Bernardo.

Según ha recordado, el fiscal señala en su decreto que "los responsables de la Diputación de Granada favorecieron con sus actuaciones a empresarios que no podían contratar con las administraciones públicas". "La responsabilidad incluye a quienes conocían que se estaba haciendo un trámite apañado y arreglado para intentar solventar la vigente ley de contratos de las entidades públicas para favorecer a personas por el mero hecho de ser quienes eran", ha indicado Torrente, quien ha dado cuenta de que existía "una especie de concurso amañado con empresas inexistentes y con ello intentar beneficiar a la mujer de un alto cargo socialista" en referencia a Cuenca.

"A la opinión pública el silencio del PSOE no le vale", ha señalado el portavoz del equipo de Gobierno para apuntar que el equipo de gobierno bipartito que presidía el socialista Antonio Martínez Caler funcionaba con "responsabilidad colegiada". "¿Nadie supo nada?", se ha preguntado Torrente, quien se ha interrogado también si en un asunto de tal magnitud en Izquierda Unida "actuaban por libre".

Respecto de los cuatro funcionarios y personal laboral que tuvieron que ejecutar estas supuestas irregularidades, Torrente ha destacado que "se acusa al PP de hacer políticas contra los empleados públicos" cuando desde el anterior equipo de gobierno, y según se desprende del decreto de la Fiscalía, se puso a "empleados públicos honrados y leales a los pies de los caballos jugando, digamos que de manera chantajista, con la situación laboral de estos trabajadores".

Torrente se ha preguntado por último si este es el modelo de coalición que PSOE e IU quieren "exportar al resto de Andalucía" mostrando su preocupación por los resultados que podría tener en el presupuesto autonómico esta "forma de gobernar intentando maquinar para solventar lo que la ley obliga a hacer" que se puso en marcha con un programa que gestionó tres millones de euros, un 80 por ciento de ellos procedentes de Fondos Europeos.

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