Así lo ha dicho, en declaraciones a Europa Press, la secretaria general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Córdoba, Lola Álvarez, quien permanece en dicha finca de más de 400 hectáreas junto a una veintena de jornaleros del SAT y también del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), quienes, a preguntas de los agentes de la Guardia Civil llegados este lunes a la finca, les han contestado que no piensan "abandonarla voluntariamente", por lo que los ocupantes esperan que se proceda a su desalojo por la fuerza en cualquier momento a partir de ahora.

A juicio de Álvarez, el auto judicial instando al desalojo de 'Somontes', en atención a la medida cautelar en tal sentido solicitada por la Junta de Andalucía, como titular de la finca, es un ejemplo de como el Gobierno socialista andaluz, ahora en funciones, "logra que se reprima a jornaleras y jornaleros en paro que ocupan una finca pública para trabajarla y evitar su venta a especuladores".

De esta forma, según los sindicatos SOC y SAT, "el PSOE vuelve a mostrar su verdadera cara, ya que en lugar de aceptar la negociación propuesta por SOC-SAT para la cesión de estas tierras públicas a cooperativas de trabajadores en paro, ha optado por la represión pura y dura, y el consiguiente destrozo de todo lo construido en este mes y medio de trabajo colectivo: huerto, plantación de olivos, gallinero, animales, recuperación y labranza de una hectárea de terreno para la siembra de pimientos, arreglo y mejora de las instalaciones de riego, viviendas e instalaciones en general".

Así, según ambos sindicatos agrarios, "con lo que quieren acabar es, sobre todo, con la lección de dignidad, rebeldía y vida que vienen ofreciendo a todos los parados, precarios y trabajadores andaluces, estos 20 campesinos ocupantes, junto a los cientos de personas que han apoyado la ocupación con su presencia y trabajo".

La finca, de 359 hectáreas en secano y 41 en regadío, "no estaba dando empleo alguno, más que a un cuidador, y se encontraba en proceso de venta en subasta por parte de la Junta de Andalucía. Dicha venta hubiera significado que sus compradores, banqueros, terratenientes o especuladores, pasaran a beneficiarse de subvenciones europeas, ayudas públicas y en su caso ganancias obtenidas por una explotación agrícola extensiva e industrializada (para biodisel, transgénicos, etcétera), sin generar prácticamente ningún puesto de trabajo", según han subrayado los mencionados sindicatos.

Al mismo tiempo, "1.700 habitantes de Palma del Río y más de 4.000 en la comarca, en su mayoría jornaleros sin tierra, están sufriendo el desempleo, los recortes sociales y los desahucios de sus viviendas, soportando situaciones indignas de pobreza y desesperanza".

Desde el 4 de marzo, según el relato de SOC y SAT, "en que se comenzó a trabajar en 'Somontes' de manera colectiva, la asamblea de ocupantes comunicó a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía que se estaban planificando inversiones y trabajos que pueden garantizar la subsistencia, no solo para los actuales ocupantes, sino para decenas de familias jornaleras".

Es decir, "no se busca la propiedad privada ni la especulación, sino que se trata de crear un espacio de uso público y abierto en beneficio del pueblo. Se pretende un uso agro-ecológico del terreno, camino a la ecología social y a la soberanía alimentaria. Por ello se planteó a la Administración la firma de un acuerdo de concesión del uso a una cooperativa de trabajadores".

Sin embargo, ante el inminente desalojo, la Asamblea de jornaleros de 'Somontes' ha hecho "un llamamiento urgente al apoyo a la ocupación, a través de la presencia del mayor número de compañeros y compañeras, para resistir juntos cualquier intento de desalojo".

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