Fiscalía de Valladolid y los abogados de las partes personadas en el proceso judicial contra la cuidadora Gabriela L.B, acusada de la muerte el 15 de agosto de tres niños discapacitados que tenía a su cargo en el centro de Mensajeros de la Paz en Boecillo (Valladolid), han alcanzado un acuerdo en la condena a imponer, que ascendería a un total de 45 años de cárcel por tres delitos de asesinato, a razón de 15 por cada una de sus víctimas.

Con respecto a la condena penal no ha habido demasiada discusión, dado que los informes psiquiátricos señalan que la mujer era perfectamente consciente de los que hacía en el momento de perpetrar los crímenes, según la información de La Gaceta de Salamanca recogida por Europa Press.

Las discrepancias han surgido no obstante con respecto a la responsabilidad civil, pues la ONG Mensajeros de la Paz, de la que depende el centro, ha ofrecido 40.000 euros en total, propuesta que a los representantes legales de las familias parece insuficiente, mínima, teniendo en cuenta la insustituible pérdida, pero que la ONG plantea por entender principalmente que en el momento en el que tuvieron lugar los macabros hechos, los pequeños no se encontraban con los padres, sino que habían sido ya acogidos por Mensajeros de la Paz.

El acuerdo, que, sin embargo, no es oficial ni ha sido firmado por las partes, según ha advertido a Europa Press la abogada de la acusada, evitaría la celebración del juicio con jurado popular que se iba a celebrar en la Audiencia de Valladolid en fecha aún por determinar.

Gabriela L.B, de 55 años y natural de Uruguay, ha venido sosteniendo hasta ahora que no recuerda nada de lo ocurrido el día de autos y se escuda en que su único propósito era el de quitarse la vida, si bien lo cierto es que tres niños discapacitados de 3, 9 y 14 años que tenía a su cargo aparecieron el día 15 de agosto del pasado año muertos en su habitación y con sus cabezas cubiertas con papel de cocina film en el centro 'Nuevo Amanecer' de Mensajeros de la Paz sito en el número 1 de la calle Almendro, en la urbanización El Moral de Boecillo. La autopsia constató como causa de la muerte la asfixia mecánica. IMPUTABLE

El informe forense realizado a la detenida sobre su estado mental determina su imputabilidad, es decir, que es responsable a los efectos de responsabilidad penal, y ello a pesar de reconocer que se trata de una mujer que sufría un trastorno adaptativo, así como que tenía depresiones y había estado en tratamiento.

De hecho, la acusada ya protagonizó un intento de suicidio el 10 de septiembre del pasado año, cuando, de forma voluntaria, se arrojó desde una terraza del Centro Penitenciario de Valladolid y sufrió diversas fracturas, mientras que dieciocho días después, cuando se recuperaba de las lesiones en el Clínico Universitario, aprovechó un descuido de los sanitarios para abrirse los puntos de la herida.