El Consejo Económico y Social (CES) de Cantabria está examinando ya la "compleja" ley que recoge las medidas de ajuste del Gobierno regional, que incluyen su desaparición, y lo hace por el trámite de urgencia, ya que quieren emitir el dictamen cuando se apruebe, esta semana.

La Comisión de Economía del CES (con los expertos de área) se reunirá este martes, y el Pleno (con todos los miembros) someterá a votación el texto el miércoles, según los primeros plazos que barajan los miembros de este órgano consultivo que aglutina a los agentes sociales y representantes del mundo profesional y la Universidad.

Es un documento cuyo carácter "complejo" (modifica nueve leyes) ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el presidente del CES, Javier Gómez-Acebo, así como otros miembros que están estudiando el denominado anteproyecto de ley de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras para la Ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos.

Gómez-Acebo recuerda además que este proceso de análisis se está produciendo pese a la "importante" reducción de medios que ya ha experimentado el Consejo Económico y Social como consecuencia de los ajustes, y que supuso, por ejemplo, que se prescindiera de los técnicos.

En principio, el CES dispone de un plazo de 15 días para que sus miembros (representantes de sindicatos, patronal y del mundo profesional) emitan los dictámenes, pero en esta ocasión el Gobierno de Cantabria les ha pedido que sigan el trámite de urgencia y lo hagan en un plazo de siete días.

El documento les llegó a mediados de la semana pasada y el presidente cántabro ha anunciado su intención de que se apruebe esta semana, en un Consejo de Gobierno que podría ser extraordinario. Normalmente, las sesiones del Consejo se celebran los jueves.

Así que los miembros del CES han dedicado el fin de semana a un análisis de las medidas que recoge el texto, ya que, entre otras cosas, el informe debe incluir un análisis comparado de la legislación similar en otras comunidades y países.

Se trata de un documento "con mucho contenido en muy pocas cosas", según han señalado a Europa Press otros miembros del Consejo que estudian el anteproyecto, y que llaman la atención sobre medidas como las que afectan al personal de la Administración, al que se le "aplica" la reforma laboral.

Pero también sobre aspectos la reducción de diputados, de 39 a 35, las que afectan a la regulación medioambiental o las relacionadas con la renta social básica, entre otras.

Plan de ajustes

El Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria, fue presentado el pasado mes de febrero por el presidente, Ignacio Diego, para hacer frente a la situación creada en Cantabria como consecuencia de la deuda sanitaria y a la situación económica de la región, con el objetivo de obtener este mismo año un total de 157 millones de euros.

Para ello, contempla medidas como la implantación del denominado céntimo sanitario, la reducción a la mitad de las empresas públicas, la supresión de los consejos asesores (CES, Mujer y Juventud), la reducción de diputados de 39 a 35, y modificaciones en las condiciones laborales de empleados públicos, entre otras.

Para poder llevarlas a cabo, ya se avanzó entonces que harían falta dos leyes: una para el reconocimiento de la deuda sanitaria, cifrada por el Gobierno en 261 millones de euros, y otra para realizar las modificaciones legales oportunas para llevarlas a cabo, al estilo de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

En total, el texto supondrá la modificación de hasta nueve leyes autonómicas y la derogación de otras tres, para poder dar cobertura a las medidas que plantea el Ejecutivo regional; y la derogación de otras tres (las de los consejos asesores). NOVEDADES

Entre las novedades se encuentra la inclusión del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las comunidades autónomas aprobado en marzo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, facultando al Gobierno cántabro para que apruebe la formalización de operaciones de endeudamiento.

Se suspende la obligación de convocar concursos periódicos de empleo público, y se fija un tope salarial por categorías para las empresas públicas, que este año no podrán realizar contrataciones de personal.

En los funcionarios, a través de distintas modificaciones legislativas, se varían los criterios para conceptos como los permisos, bajas o reducciones de jornada, con los cambios ya anunciados en las jornadas de docentes o sanitarios, y se introducen criterios de flexibilidad laboral.

Además, este año no habrá contrataciones en empresas y fundaciones del sector público, en las que además se han fijado topes salariales, en función de categorías.

A estos cambios se suma la reducción al mínimo legal de delegados sindicales y la suspensión temporal de los pactos y acuerdos laborales que contradigan las especificaciones del texto.