El que fuera delegado provincial de Medio Ambiente en Granada y exalcalde de Armilla Gerardo Sánchez (PSOE) ha negado este miércoles haber tenido intención de injuriar al empresario Rafael Aibar o haber realizado negociaciones prohibidas al cargo que ostentaba en la Junta de Andalucía. Aibar, que también se sienta en el banquillo de los acusados por posibles injurias y calumnias a Sánchez en varios medios de comunicación, ha afirmado igualmente que nunca tuvo intención de calumniarlo.

El juicio, en el Juzgado de lo Penal 2 de Granada, se había suspendido en dos ocasiones, la última porque Aibar renunció a su abogado, del que llegó a cuestionar su imparcialidad. En esta ocasión ha vuelto a repetir la misma operación y este martes remitió un escrito renunciando a su letrado, designado de oficio. "Este no es mi abogado, el mío conoce esta causa desde hace 12 años", ha dicho el empresario ante la magistrada María Luisa Roldán García, que sin embargo ha considerado su solicitud un "evidente fraude de ley" y que el empresario estaba "perfectamente asistido" por su letrado, con lo que no ha admitido la renuncia.

Pese a que el abogado de Aibar ha afirmado que no podía defenderlo dada la "falta de confianza" de su cliente, la vista ha comenzado finalmente tras la orden de la juez, aproximadamente una hora después de lo previsto, con el interrogatorio de Gerardo Sánchez. El que fuera delegado de la Junta ha señalado que en la reunión que mantuvo con Los Verdes el 8 de junio de 2005 no llamó "mafioso" a Aibar, ni le acusó de estar "espiándole" a él y a Gaspar Zarrías. "Yo no he dicho nunca esas palabras y al señor Zarrías no lo conozco de nada y jamás he hablado con él", ha aclarado Sánchez, actual portavoz adjunto del grupo socialista en la Diputación de Granada.

En lo que respecta a las negociaciones prohibidas que le imputa Aibar con el director de Sacyr en Andalucía para la posible compra de una finca propiedad de su empresa, Sánchez ha asegurado que mantuvo con el responsable de Sacyr una conversación telefónica en la que éste le pidió información sobre la posible viabilidad de una explotación minera en Castril, y el entonces delegado le ofreció datos sobre el procedimiento administrativo que tenía que seguir, como se hace habitualmente en la Delegación cuando promotores o constructores hacen sus consultas para valorar las posibilidades de sus proyectos.

Sánchez se ha negado a responder a las preguntas del letrado de Aibar, pero sí lo ha hecho a las defensas de los diarios 'El Mundo', 'Ideal' y 'La Opinión', a los que el exdelegado de la Junta considera responsables civiles directos por la publicación de las posibles injurias de Aibar en sus respectivas ediciones en 2005.

El procesado ha reconocido que los textos contenían numerosos entrecomillados con acusaciones de Aibar, que hizo alusiones a su vida personal, pero ha considerado, en respuesta a las preguntas de la letrada de 'El Mundo', que "ese entrecomillado se entresacó para marcar una determinada línea editorial o de opinión". En contestación al abogado de 'La Opinión' ha indicado sin embargo que tuvo la oportunidad de replicar al día siguiente.

Declaración de aibar

Aibar, por su parte, ha asumido como "fiable" todo lo que se publicó entonces en los medios de comunicación, y ha mantenido que Sánchez se fue a Cartagena de Indias (Colombia) con el que ha denominado el 'clan de Armilla', algo que supo porque en el avión en el que viajaban iban otros 80 granadinos. Por otra parte, ha asegurado que tanto en sus declaraciones ante los medios como en las ruedas de prensa que convocó no tuvo intención de "injuriar a Sánchez". El abogado del empresario ha decidido no hacer preguntas a su cliente, por la "pérdida de confianza", con lo que el juicio ha continuado con la declaración de los testigos, una decena de personas.

La acusación de Aibar contra Sánchez —la única en este proceso tras solicitar el Ministerio Fiscal el sobreseimiento de las actuaciones contra él— reclama que el exdelegado sea condenado al pago de 12.000 euros por el supuesto delito calumnias. Pide otros 3.000 euros por las injurias y 12.000 por negociaciones prohibidas, delito por el que también solicita que sea inhabilitado para empleo o cargo público durante tres años, según se desprende del auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press.

Por su parte, el empresario está acusado de un delito continuado de injurias por el que le denunció Gerardo Sánchez y se enfrenta al pago de una multa de 7.200 euros, así como una indemnización de 6.000 euros por daño moral que, en caso de condena, tendrá que pagar de manera conjunta con los tres diarios en los que se publicaron las supuestas injurias.

Este cruce de denuncias está relacionado con el caso —ya archivado por la Audiencia Provincial— del supuesto desvío de 18 millones de euros de fondos europeos que estaban destinados al Parque Natural Sierra de Castril y que, según mantenía Aibar, pudieron ser apropiados por Sánchez, por entonces delegado de Medio Ambiente de la Junta en Granada, y otros cargos públicos a los que acusaba de malversación, prevaricación, estafa y falsedad.