ANPE rebaja a 2.700 los docentes interinos que podrían ser despedidos en Andalucía tras los nuevos "recortes"

El presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha rebajado este miércoles el número de docentes interinos que en la comunidad andaluza podrían ser despedidos el próximo curso a consecuencia del "recorte" adicional de 3.000 millones de euros anunciados por el Ministerio de Educación.

El presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha rebajado este miércoles el número de docentes interinos que en la comunidad andaluza podrían ser despedidos el próximo curso a consecuencia del "recorte" adicional de 3.000 millones de euros anunciados por el Ministerio de Educación.

Si el consejero de Educación en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, cifraba hace unos días en unos 15.000 profesores interinos los que la Junta de Andalucía se podía ver "obligada" a despedir en aplicación de medidas como el aumento de las ratios y de la jornada lectiva de los funcionarios docentes, hoy Fernández Guisado, quien ha acudido a Sevilla para inaugurar la nueva sede del sindicato en la capital hispalense, ha limitado esa cifra a un mínimo de 2.700, que es un "20 por ciento aproximadamente" del número de interinos en la comunidad.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de ANPE ha explicado que su sindicato calcula que en España existen unos 70.000 profesores en régimen de interinidad y que, de ellos, "un mínimo de un 20 por ciento, en torno a 14.000 o 15.000 profesores, no van a renovar sus contratos", algo que se producirá en todas las comunidades autónomas. Por tanto, si Andalucía cuenta en la actualidad con 13.500 interinos, al menos 2.700 (un 20%), tampoco verán renovados sus empleos.

Pese a esta significativa rebaja del impacto que en la comunidad andaluza van a tener, según ANPE, el recorte de 3.000 millones de euros por parte del Ejecutivo central, Fernández Guisado ha señalado que se trata, no obstante, de una medida que tendrá consecuencias "graves" porque "hay que sumarla a la reducción ya contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012" en materia educativa y a los acumulados en los PGE de 2011 y 2010.

"Los 3.000 millones suponen la culminación de otros recortes que ya se habían hecho en derechos sociales del profesorado, en materia retributiva y de personal, de congelación de ofertas de empleo público y que ahora, añadido al aumento de horario lectivo de los profesores tanto en Primaria como en Secundaria, van a tener un impacto muy claro: la reducción de personal", explica.

Ante ello, ANPE reclama al Ejecutivo de la Nación que no aplique estas medidas "con un carácter generalizado porque todos los centros en España no tienen la misma tipología". En Andalucía, por ejemplo, el presidente del sindicato considera que se necesitan "más profesores" que en otras comunidades porque "el número de alumnos se ha incrementado en 29.000 en el último curso" y porque, si se despiden interinos, no van a poder contar con profesores de apoyo.

El sindicato insiste, por tanto, en la necesidad de que, "antes de que estas medidas se aprueben a nivel legislativo, el Gobierno evalúe el alcance real de estas medidas" en cada comunidad para comprobar "si se pueden hacer".

Además, Fernández Guisado, quien ha reconocido que ANPE compartía "los grandes postulados" de la reforma del sistema educativo anunciado por Juan Ignacio Wert a su llegada al Ministerio de Educación pero que ahora "rechaza" estas medidas concretas porque van a "hacer inviables algunos una de los grandes anuncios" del Ejecutivo, como la puesta en marcha del Estatuto Docente—, ha reclamado al ministro que convoque a las comunidades autónomas y tome la iniciativa para elaborar un "pacto de mínimos" en educación que permita llevar a cabo una "verdadera reforma" del sistema.

Dicho pacto, a su juicio, debería contemplar "tres o cuatro pilares básicos" como la financiación, el gasto por alumno y la oferta de empleo público docente. De lo contrario, ha augurado, "dentro de unos años habrá muchas diferencias entre unas y otras comunidades", ha sentenciado tras defender que sean las autonomías las que mantengan las competencias en materia educativa.

CSI-F

Reclama una mesa sectorial en andalucía

De otro lado, el presidente del Sector de Enseñanza de CSI-F en Andalucía, Francisco Hidalgo, ha vuelto a insistir este miércoles en su solicitud a Álvarez de la Chica de que convoque una reunión de la Mesa Sectorial con objeto de que informe a los sindicatos sobre "cómo pueden afectar o van a afectar las medidas anunciadas y que tan profunda preocupación están generando en los colegios e institutos andaluces".

En un comunicado, Hidalgo plantea la necesidad de hacer un "análisis en profundidad sobre los capítulos donde, en caso de concretarse los recortes, se va a actuar". "Para CSI-F Andalucía la educación debe ser una prioridad política y social y por ello vamos a mantener una actitud firme contra los recortes en educación, vengan de donde vengan, vamos a luchar por una enseñanza pública de calidad y no vamos a admitir que el profesorado, una vez más, sea el sacrificado en esta crisis económica", argumenta.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento