El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, imputado dentro de la investigación por las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica, ha reconocido la existencia de un "vacío reglamentario" en la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas.

Durante su comparecencia ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, el exconsejero de Empleo ha puesto de manifiesto que, para tener acceso a estas ayudas, había que cumplir una serie de "requisitos de hechos", que en el caso de las ayudas sociolaborales eran "el nivel de paro del territorio, nombre y apellidos y tener 55 años".

No obstante, la juez le ha interrumpido diciendo que la mayoría de los trabajadores incluidos en los ERE tenían 52 años, a lo que Fernández ha contestado que "eso lo desconocía". De su lado, las ayudas directas a empresas precisaban de una solicitud donde se incluyera "nombre y apellidos y zona de residencia".

Ha añadido que las ayudas "eran discrecionales pero no arbitrarias", pues aunque "no las conocía todo el mundo, no había que darles publicidad porque sí las conocían los sindicatos y los empresarios a través de la Ley de Presupuestos y de los acuerdos de concertación social", asegurando que las ayudas sociolaborales no iban destinadas a empresas, sino a trabajadores.

De igual modo, el exconsejero de Empleo ha reconocido que las ayudas "no se fiscalizaban" una por una, sino que se realizaba un control 'a posteriori', así como que el convenio-marco de 2001 que regulaba todo este sistema de ayudas "se prorrogó tácitamente". En estos momentos, el imputado sigue contestando al extenso interrogatorio de la magistrada, compuesto por 200 preguntas.