El exdirector insular de Relaciones Institucionales del Consell Josep Lliteres, quien ha declarado este martes en calidad de imputado ante el juez Pedro Barceló, ha negado su firma en varios de los 22 expedientes que están siendo investigados por haber sido otorgados de forma presuntamente irregular mediante la alteración de facturas, una práctica que habría permitido otorgar estos contratos 'a dedo' a determinadas empresas por parte de la Institución insular.

Durante unas tres horas de comparecencia, que ha sido suspendida en torno a las 14.15 horas y prevé reanudarse el próximo viernes, el encausado ha sido interrogado de forma escrupulosa por tres de estos expedientes y por la rúbrica que en ellos aparece, por lo que ante la minuciosidad con la que ha sido inquirido, el magistrado ha acordado que la deposición continúe otro día a fin de que ratifique qué firmas reconoce como suyas, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

El encausado, asistido por los letrados Mateu Sedano y Matías Barón, ha sido asimismo interpelado en torno a la compra realizada en la mayorista Makro previa a las elecciones autonómicas y municipales de 2007, y que según los investigadores fue efectuada con dinero del Consell para el primer certamen Miss Argentina Balear. En este sentido, ha recordado que él mismo autorizó mediante una carta que se llevase a cabo esta compra por unos 1.200 euros, si bien ha negado cualquier tipo de irregularidad al respecto.

El exalto cargo del Consell ya restó importancia a este hecho en una anterior comparecencia ante el juez, cuando afirmó que a veces acudía a Makro a comprar para el Consell ya que su departamento "era algo pobre en cuanto a personal".

De hecho, este procedimiento judicial se inició con las indagaciones en torno al dinero destinado a esta compra, destinada al catering del certamen Miss Argentina Balear -celebrado en la discoteca Abraxas un día antes de los comicios-, después de que supuestamente Lliteres entregase al expresidente de la Casa Argentina de Baleares, Jorge Mandado, una tarjeta de cliente para efectuar esta compra en Makro.

Así las cosas, las pesquisas derivaron posteriormente en el hallazgo de 22 expedientes fechados entre los años 2001 y 2007, correspondientes a la concesión de diversos servicios de catering, organización de eventos y transporte en autocar que fueron adjudicados de forma directa a varias mercantiles cuyas prestaciones están siendo investigadas en el marco de esta causa, según revelaron fuentes del caso a Europa Press.

Los investigadores apuntan a que el concepto de varias de las facturas libradas por estos servicios no corresponde a estos trabajos, ante lo cual barajan una posible explicación: cuando el coste de un servicio se excedía de los 12.000 euros en los que había sido presupuestado -cantidad máxima por la que un contrato, por Ley, puede ser otorgado sin concurso-, el concepto de la factura era presuntamente modificado para poder injertarla en otro expediente cuyo importe era notablemente inferior.

De este modo, sostienen, se permitía poder pagar 'a dedo' a una determinada empresa sin la necesidad de que otras empresas pudieran concurrir con sus proyectos a la convocatoria. Las pesquisas apuntan a que Coloma Munar, prima del marido de la expresidenta del Consell y mujer del supuesto testaferro de ésta, Víctor García -todos ellos imputados en el marco del caso Maquillaje-, fue quien indicaba que debía modificarse el concepto de los recibos para poder acoplarlos en otras contrataciones.

En el marco de esta causa fue recientemente interrogado Mandado, quien en calidad de testigo afirmó que acudió a Makro "una sola vez" porque así se lo había pedido otra integrante de la Casa Argentina, Carina Barroso, ya que ésta "estaba ocupada". El declarante aclaró además que Barroso "se encargó de solicitar la ayuda económica al señor Lliteres, en nombre de la Casa Argentina", y recordó que fue a Makro junto a otros tres miembros de la entidad que "únicamente sabían que el Consell les había dado una subvención para este evento".

Cabe recordar que, entre otros representantes políticos, asistió al certamen el entonces candidato a la alcaldía de Palma, Miquel Nadal, quien precisamente coronó a la ganadora del concurso: la hija de Eduardo Corvalán, miembro de la Casa Argentina de Baleares y entonces aspirante en la lista municipal de UM. En total, según la versión que ofreció Mandado en sede policial, fueron abonados 1.146 euros en el establecimiento comercial ubicado en el Polígono de Son Fuster de Palma.

El propio Corvalán, en la declaración que prestó como testigo en el marco de las diligencias informativas incoadas por la Fiscalía en abril de 2010 acerca de una presunta trama de compra de votos por parte de UM, puso de manifiesto que la formación "usó y manejó" a inmigrantes argentinos antes de los comicios "para su provecho electoral" al ofrecerles una contraprestación económica y laboral a cambio de votar a favor del partido. Ese año, UM se erigió clave para la formación del Govern del Pacte, junto a PSIB y Bloc.