El Gobierno ha aprobado la orden que limita la entrada de biodiésel argentino en España, asignando cuotas de producción en las plantas españolas, en respuesta al conflicto de Repsol-YPF  que ha surgido esta semana por la decisión de la República Argentina de expropiar el 51% de la filial de la petrolera española.

"El ministro de Industria —José Manuel Soria— ha pedido al Consejo que el Parlamento respalde la nueva orden sobre biodiésel", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. La orden será firmada este viernes y saldrá publicada en el Boletín Oficial del Estado el sábado.

Aunque los detalles de esta medida serán detallados por el Gobierno, en su intervención inicial la vicepresidenta ha explicado que se trata de "un sistema de medidas equivalentes que tiene por objeto establecer la circunstancia en que se logrará esa medida de efecto equivalente cuando se adquiera biodiésel de aquellas empresas que tengan ciertas autorizaciones y que deban estar situadas en el territorio español o comunitario".

Según ella, "esta es una acción que logrará un apoyo a esas operaciones de refino por parte de empresas españolas o comunitarias y que busca colocarlas en una situación adecuada para poder prestar ese biodiésel en condiciones que lo hagan competitivo". Se trata de apoyar la producción de biocombustibles por parte de compañías españolas para reducir así las importaciones procedentes de Argentina.

El mes pasado, la industria española de biodiesel reclamó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que publicara la normativa de asignación de biodiesel para frenar las importaciones que consideran desleales por parte de Argentina e Indonesia y que están afectando al sector.

En total, España compró el año pasado 719.473 toneladas de este biocombustible a Argentina por 750 millones de euros, casi la mitad de las 1,6 millones de toneladas consumidas.

Por otro lado, el Ejecutivo "seguirá buscando medidas de naturaleza diplomática en todos los foros defendiendo los intereses españoles", ha declarado Sáenz de Santamaría en la reunión que sigue a la reunión del Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría ha destacado el "enorme apoyo internacional" recibido por "el Gobierno español y España en su conjunto" tras la expropiación y ha hecho especial mención de la UE, "muchos destacados miembros" de la misma, Estados Unidos, "un amplio" número de países de Iberoamérica" y "numerosas organizaciones internacionales" entre los países e instituciones que han condenado la expropiación.

La vicepresidenta ha dicho haber percibido "la convicción de todos" de que, cuando se producen este tipo de actuaciaciones, es la comunidad internacional la que resulta "afectada". "Estas actuaciones van contra los propios intereses" de Argentina, señaló.

Junto a esto, puso "en valor" las "acciones futuras" que se vislumbran, entre ellas la extinción del sistema comercial de preferencias con anterioridad al 1 de enero de 2014 y el cambio en el clima de negociaciones en el Mercosur.

Ha precisado que trasladarán el caso español al "Consejo de Europa" y otros ámbitos internacionales para que se exija a Argentina "que sea mucho más rigurosa en el cumplimiento de la legalidad".

La vicepresidenta ha recordado que Argentina ha sido denunciada en 49 procesos de arbitraje por incumplimientos y tiene 25 de ellos pendientes. "El caso de España no es un caso aislado. Hablo de EE UU, Italia y Francia que han tenido procesos con Argentina y han tenido que adoptar medidas" similares a las anunciadas por el Gobierno español, según Sáenz de Santamaría.

Además, la 'número dos' del Gobierno español ha insistido en que la OMC ha realizado una "declaración contra la política de inversión y comercial" de Argentina, "por incumplimiento de pago". Y ha repetido que "los incumplimientos son bastante generalizados" en el país presidido por Cristina Fernández de Kirchner.

El gabinete que preside Mariano Rajoy  había anunciado que tomaría "todas las medidas que se consideren oportunas y legalmente admisibles" para responder a lo considera una decisión "ilegítima" de expropiar YPF por parte de Argentina.

Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, como el de Industria, José Manuel Soria, dejaron claro que las medidas que se decidan ante la decisión del Ejecutivo argentino serían "claras y contundentes".

La expropiación de la filial de Repsol será abordada también en la reunión que mantendrán los ministros de Exteriores de la Unión Europea el lunes en Luxemburgo. El Parlamente Europeo ha aprobado este viernes una petición para que se suspenda parcialmente las ventajas arancelarias que la UE concede unilateralmente a los productos importados de Argentina en represalia.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través del ministro de Interior, Florencio Randazzo, anunció este jueves que "no le preocupa ningún tipo de represalias" ya que el Ejecutivo "toma sus decisiones pensando en los argentinos y no en lo que piensa Estados Unidos o España". "Sería lamentable que cualquiera de estos países actúe de esta forma (con represalias)" porque Argentina tomó una decisión "de acuerdo a la ley y a las pautas que establece la Constitución Nacional", agregó el ministro en declaraciones a la agencia Télam.