El diputado electo de IULV-CA por Sevilla y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se ha mostrado convencido de que la ley de incompatibilidades entre los cargos de diputado autonómico y alcalde o presidente de diputación será declarada "inconstitucional" por el Tribunal Constitucional (TC), "junto con los estatutos de Izquierda Unida", después de que el Alto Tribunal haya admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de la Nación.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez Gordillo se ha mostrado "muy satisfecho" con esta decisión, al tratarse de un normativa "discriminatoria", dado que un alcalde no puede ser diputado andaluz, pero sí senador, diputado en el Congreso o parlamentario europeo. "Es una medida política miserable que el PSOE se inventó con la colaboración, increíble pero cierta, de Izquierda Unida", ha apuntado.

El alcalde de Marinaleda ha anunciado que no renunciará a la Alcaldía de este municipio, que ostenta desde las primeras elecciones democráticas que se celebraron, hasta que el TC se pronuncie de manera definitiva sobre el recurso del Gobierno, aunque así lo haya hecho el otro alcalde de la formación que ha logrado el acta de parlamentario por Jaén, como es el caso de Juan Serrano, hasta ayer alcalde de Canena.

"Yo creo que los alcaldes tienen que estar en el Parlamento, más aún con la que está cayendo en estos momentos en relación a la crisis económica", ha señalado el diputado electo de IULV-CA, quien como se recordará, también recurrió al Tribunal Constitucional esta normativa, que ha rechazado desde el primer momento, pese a que su grupo parlamentario se abstuviera en la votación.

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó el pasado 23 de noviembre, con los votos de PSOE-A, establecer, mediante una modificación de la Ley de Electoral de Andalucía, la incompatibilidad entre los cargos de diputado autonómico y alcalde, lo que contó con el rechazo del PP-A y la abstención de IULV-CA.

Esa reforma de la Ley Electoral tenía como principal objetivo incluir a los alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales y presidentes de mancomunidades en el régimen de incompatibilidad con el cargo de parlamentario autonómico andaluz.