El coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias, ha informado de que la formación ha remitido este viernes a la FSA-PSOE el documento elaborado tras la reunión del Consejo Político de IU en el que figuran sus cuatro condiciones para alcanzar un acuerdo político con el PSOE, que de estabilidad al futuro gobierno del Principado.

En rueda de prensa, Iglesias ha concretado que se trata de la defensa del empleo, los servicios y las prestaciones sociales, y la reforma de la ley electoral para la creación de una circunscripción única, puntos que si bien son "negociables", significan en buena medida la postura política de IU y los márgenes para su modificación en aras de un posible entendimiento son "estrechos".

En el mismo contexto, ha indicado que no tendría sentido seguir hablando con el PSOE si no hay garantía de que el candidato Javier Fernández cuenta -gracias a un posible apoyo del diputado de UPyD- con los votos para ser elegido presidente.

Del mismo modo, ha opinado que la constitución de la Mesa de la Cámara, fijada para el viernes 27, será la fecha límite para discernir qué bloque va a gobernar Asturias, dado que la votación de los cinco grupos con representación parlamentaria será "aclaratoria".

Iglesias se ha mostrado partidario de que en la Mesa esté presente un representante de cada formación, para garantizar, de este modo, la máxima pluralidad.

En clave nacional, el diputado de IU ha cargado contra las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy de subir el importe de las tasas universitarias, así como de reformar el Código Penal para "criminalizar a las organizaciones políticas y sindicales de lo que hagan sus afiliados en actos públicos". "Si tantas ganas tienen de reformarlo que lo hagan para responsabilizar a sus representantes políticos de los casos de corrupción", ha reprochado.

Por último y en lo que respecta al incremento de las matrículas de la enseñanza superior, ha opinado que se trata de otra medida "injusta" que rompe con la tendencia de incrementar los estudios en épocas de crisis y que se deriva de las medidas adoptadas por los distintos gobiernos que han redundado en una menor capacidad de la Administración para obtener recursos con los que financiar los servicios públicos, como la reciente amnistía fiscal para rentas no declaradas.