El Grupo Parlamentario Regionalista presentará una moción al Pleno en la que insta al Gobierno regional a que adopte las medidas necesarias en las Cortes para modificar la Ley de Montes e introducir una disposición transitoria para suspender su aplicación hasta que se resuelvan los expedientes sobre derechos de los afectados y se de solución a la prórroga de los convenios y consorcios existentes.

En este sentido, también le insta a garantizar el estado de utilización y aprovechamiento de los montes antes de la Ley de Montes mediante la suspensión de eficacia de la misma hasta que se resuelva definitivamente sobre los derechos de los afectados; y a garantizar el ejercicio de las competencias por parte de las entidades propietarias en la forma que ha venido haciéndose tradicionalmente para la prórroga de los convenios y consorcios para el aprovechamiento.

Además, pedirá que el Gobierno de Ignacio Diego presente en el Parlamento, en el plazo de tres meses, un proyecto de Ley de Montes que "garantice modos de solución justa y definitiva" a los problemas de los afectados y facilite la tramitación y resolución de los expedientes; y que ejecute el deslinde de los montes de utilidad pública de Cantabria y desafecte las parcelas que sea necesario.

Esta moción, subsiguiente a una interpelación, se ha presentado este viernes en rueda de prensa por el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, quien ha estado acompañado de varios alcaldes de su partido cuyos municipios están afectados por la Ley de Montes, una normativa que según los regionalistas implica a todos los ayuntamientos cántabros a excepción de Santander y Reinosa.

De la Sierra ha denunciado que la orden con la que el Gobierno regional pretende solucionar el problema de los consorcios es "un auténtico engaño a los afectados", un "intento de lavarse las manos, como Pilatos, para no afrontar una solución y trasladar el problema a los ayuntamientos y juntas vecinales, que tendrán que decidir", ha criticado.