La fiscal delegada de Siniestralidad Laboral del Principado, Esperanza González Avella, acusa al socio único de una empresa ubicada en Oviedo por no adoptar las medidas que garantizaran la seguridad de sus empleados y permitir que realizaran sus tareas sabiendo de esta carencia. La vista oral está señalada este viernes 20 de abril en el Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo, a las 13.00 horas.

La Fiscalía sostiene que el 26 de enero de 2011, "la empresa carecía de modelo organizativo para la prevención de riesgos laborales, sus trabajadores no habían recibido ningún tipo de formación, no se les habían entregado los equipos de protección individual, el centro de trabajo adolecía de deficiencias en materia de orden y limpieza y no quedaba espacio libre para transitar de forma segura, existiendo gran cantidad de material combustible y un único extintor, situación que entrañaba un grave riesgo".

De acuerdo al Ministerio Público, en la evaluación de riesgos de 2002 "ya se pusieron de manifiesto todas las deficiencias y las medidas que se deberían adoptar, sin que se hubiese tomado ninguna". Además, en 2006, la inspección constató "la falta de modelo organizativo en materia preventiva y la falta de formación de los trabajadores, requiriendo a la empresa para que lo subsanara, a lo que ésta hizo caso omiso".

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, en relación con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 39/97, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y solicita que se condene al acusado a un año de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros -con responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago- y las costas procesales, además de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo durante el tiempo de la condena.