El pleno del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), gobernado en minoría por Francisco Javier Reinoso (PSOE), debate este viernes elevar al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía el impago resuelto en 2005 en cuanto a una operación crediticia acordada en 1986 con el Banco de Crédito Español. Y es que esta decisión ha derivado en una sentencia firme que condena al Consistorio al pago de 885.569,21 euros por dicho préstamo.

Según el orden del día, recogido por Europa Press, el Consistorio loreño celebrará un pleno extraordinario con un punto, el número diez, relativo a la modificación presupuestaria de "urgencia" y valorada en 885.569,21 euros que promovió el pasado mes de noviembre el Gobierno municipal socialista para dar cumplimiento a la citada sentencia firme. Merced a la decisión adoptada en 2005 para dejar de abonar las cuotas correspondientes a este crédito, la moción propone elevar estos aspectos al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía provincial de Sevilla.

También al fiscal

Otra de las mociones, la número cinco, reclama también elevar a la Fiscalía "las responsabilidades" posibles a cuenta de la modificación "total" de los estatutos de la Sociedad de Desarrollo Económico Loreños S.L. (Sodel), dado que tal extremo habría sido consumado "sin la aprobación previa del pleno" pese al papel del Ayuntamiento en esta sociedad.

Según el expediente relativo a la anteriormente citada modificación presupuestaria, recogido por Europa Press, fue el 23 de julio de 1986 cuando el pleno del Ayuntamiento de Lora del Río aprobó una operación crediticia valorada en 117 millones de las antiguas pesetas, 703.184,6 euros corrientes. El 28 de octubre de 1986, el crédito fue suscrito con el Banco de Crédito Español pero, en 1992, fecha de vencimiento del crédito, la operación había derivado en una deuda de 790.330,92 euros a cuenta del "impago" y sus intereses de demora.

Intervención del banco de españa

Aunque el Ayuntamiento y la entidad bancaria acordaron una refinanciación de esta deuda, dicha operación fue incluida en un "saneamiento de activos tóxicos" promovido por el Fondo de Garantía de Depósitos a cuenta de la "intervención" de la citada entidad bancaria a manos del Banco de España. Finalmente, en febrero de 2005, el Consistorio dejó de "satisfacer la deuda" debido a las "dudas" que rodeaban a la operación en cuestión dada la intervención del Banco de España.

El Banco de Crédito Español, no obstante, reclamó por la vía Contencioso Administrativa "el capital pendiente", que en 2006 se elevaba a 517.920,53 euros. Primero el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lora del Río, y luego la Audiencia Provincial, condenaron al Ayuntamiento al pago de esta cuantía, sus intereses de demora y las cosas del procedimiento judicial, lo que se traduce en un total de 885.569,21 euros. Además, figura en el expediente una diligencia judicial fechada el 29 de junio de 2011 declarando "el embargo de una imposición a plazo fijo por importe de 200.000 euros" sobre el Ayuntamiento.

Modificación presupuestaria

De cualquier modo, y "habiendo sido satisfecha" la cantidad de 200.000 euros relativa a este "embargo judicial", este expediente señalaba la "urgencia y necesidad" de esta modificación presupuestaria por "inexistencia o insuficiencia de los créditos destinados a esta finalidad en el presupuesto".