El sindicato ANPE ha rechazado el "duro" ajuste en Educación que, a su juicio, "se presenta sin que se haya negociado ante la legítima representación del profesorado en la Mesa Sectorial de Educación". Además, considera que estas medidas "alejan la posibilidad de negociar el Estatuto Docente".

"Como desglose del anunciado recorte de 3.000 millones de euros que afectarán a la totalidad del sistema educativo", lamenta, el ministro de Educación "ha anunciado la aprobación el próximo viernes, en Consejo de Ministros, de un Decreto-ley que modificará sustancialmente las condiciones laborales del profesorado y cuya aplicación correrá por cuenta de las comunidades autónomas".

En opinión de ANPE, este decreto ley pivotará sobre seis ejes fundamentales, como "el aumento de las ratios escolares en al menos un 20 por ciento; y de la jornada lectiva hasta un mínimo de 25 horas semanales en Primaria y 20 en Secundaria; la congelación del proceso de implantación de los nuevos módulos de FP; la suspensión de la obligatoriedad de los centros de ofertar las dos modalidades de Bachillerato; la eliminación de cualquier nuevo complemento retributivo; y la modificación permanente de la cobertura de sustituciones por bajas laborales".

Igualmente, advierte que "el aumento de las ratios y del horario lectivo supondrá la no renovación del puesto de trabajo de un buen número de profesores".

Además, añade, "tendrá un efecto devastador en la escuela rural, que verá cerradas muchas unidades, en las enseñanzas de idiomas, en la formación profesional y en la posibilidad de establecer desdobles, grupos de refuerzo y atención a la diversidad".

Por otro lado, la desaparición de los programas de FP y de Bachillerato "obligará a un ajuste del personal de los centros y a la masificación de las clases en las enseñanzas no obligatorias".

ANPE rechaza "esta política de hechos consumados que ignora a los legítimos representantes del profesorado y a la obligatoria negociación en Mesa Sectorial de los cambios en las condiciones laborales de los docentes".

Por todo ello, exige que la educación "se preserve de los rigores presupuestarios con un pacto de mínimos que pueda garantizar que se efectúen las reformas que necesita imperiosamente el sistema educativo español, en la certeza de que solamente la educación de calidad para todos garantiza un mejor futuro".