España advierte a Bruselas de "efectos negativos" para el vino si se liberaliza el sector en 2015

El comisario de Agricultura señala los "límites" de medidas como los derechos de plantación y pide a los 27 soluciones "innovadoras"

España ha pedido al comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, que frene la liberalización del sector del vino prevista para 2015 porque considera que si se pone fin al actual sistema de derechos de plantación tendrá "efectos negativos" como una pérdida de calidad en los vinos europeos y el daño de la actividad económica en las zonas productoras.

En la primera reunión del grupo de alto nivel creado por el comisario para examinar la situación del sector y valorar la petición de catorce Estados miembros —entre ellos España, Francia, Italia y Portugal— de prorrogar más allá de 2015 los derechos de plantación. Los gobiernos europeos pactaron en 2007 permitir este régimen temporal hasta 2015 y, en algunos casos, hasta 2018.

En el encuentro, primero de cuatro hasta finales de año, el director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Carlos Cabanas, ha defendido los "beneficios" del sistema en curso y ha alertado de los riesgos de no extenderlo más allá de la fecha prevista.

El discurso de Cabanas se ha centrado en que la liberalización traerá "efectos negativos" para los objetivos de calidad "que se persiguen a través de las Denominaciones de Origen, para el mantenimiento de la actividad económica en las zonas productoras y para defender el beneficio que determinadas plantaciones menos productivas están aportando al medio ambiente", según fuentes del Ministerio.

Tras el encuentro, España ha valorado que Bruselas muestre con la creación del grupo de expertos cierta "flexibilidad" y abra la puerta a reflexionar sobre si los derechos de plantación es "lo más adecuado" para el sector. Ciolos se ha mostrado "abierto a la búsqueda de nuevas alternativas que permitan obtener los mismos objetivos planteados en la OCM reformada", han explicado las fuentes.

Bruselas señala los "límites" de los derechos

Por su parte, fuentes próximas al comisario han señalado que, en su intervención, Ciolos ha querido dejar claro en su intervención que "no se trata de reformar la reforma" pero que si escucha de los gobiernos y del sector "argumentos fuertes y soluciones innovadoras y duraderas" que requieran introducir "ajustes" en las normas actuales, asumirá sus "responsabilidades".

Ciolos ha replicado a los argumentos de los países con datos que apuntan a la caída del viñedo en Europa, por ejemplo de un 14 por ciento en España e Italia y de un 11 por ciento en Francia en los últimos diez años. Mientras que "capitales europeos contribuyen al desarrollo" vitivinícola mundial, invirtiendo y plantando en países como China, Chile y Australia.

En este sentido, el comisario ha pedido evitar declaraciones "políticas y simplistas" y ha pedido una evaluación "realista" de lo que supone un sistema de gestión de los terrenos, teniendo en cuenta la "realidad de los mercados".

Ciolos ha advertido de que no se puede sostener el sector vitivinícola "con herramientas de los años 70" porque "han demostrado sus límites" y ha asegurado que los derechos de plantación "ni impiden la sobreproducción ni la baja plantación" que argumentan quienes defienden que se frene la liberalización.

"Europa es el número uno. Número uno en la calidad, número uno en cantidad y número uno en la creación de valor, tanto en el mercado europeo como en mercados mundiales, pero también es el número uno de las importaciones", ha advertido Ciolos en su intervención ante los representantes de los Veintisiete desplazados a Bruselas.

Desde que los principales países productores europeos de vino iniciaron la presión para que Bruselas extendiera el sistema actual más allá de 2015, Ciolos ha mantenido que no ve "justificación" para reabrir el debate y defendió la liberalización del sector en los plazos marcados en la última reforma de 2007.

Sin embargo, con la suma de catorce países reclamando lo contrario, el comisario accedió a crear el grupo de expertos al que ha puesto como misión someter a examen el sector y presentar recomendaciones concretas antes de que finalice el año. El objetivo es que Bruselas las tenga en cuenta para trabajar en propuestas concretas también de aquí a que acabe 2012.

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