Los agentes de la Udyco que llevaron inicialmente el peso de la investigación del caso 'Malaya' han defendido de nuevo el origen de este procedimiento y han insistido en que toda la investigación se inició y en todo momento actuaron "a requerimiento" de la autoridad judicial y la Fiscalía. Han negado que la causa comenzara por unas escuchas del caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales.

Estas respuestas las han dado ambos investigadores a las preguntas realizadas este lunes en el juicio por la defensa del principal acusado y presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca. La letrada ha cuestionado, como ya hizo en otro bloque del juicio y en las cuestiones previas, el inicio de la investigación y las intervenciones telefónicas.

"Todo fue a requerimiento de la autoridad judicial", ha reiterado uno de los agentes, quien ha añadido que: "esta investigación se inicia a instancia de la autoridad judicial y del ministerio fiscal y nosotros actuamos de oficio, que es que la iniciativa policial en este procedimiento, no digo que ronda el cero, porque no es así tampoco, pero hemos actuado de oficio desde un principio".

Los agentes han indicado que el juez les pidió llevar a cabo esta investigación y posteriormente solicitaron la intervención telefónica "para investigar una serie de delitos", tras lo que se dictó un auto "porque el instructor valora tanto los hechos que nosotros le ponemos en conocimiento como los hechos de los que él tenía conocimiento de primera mano, superiores a los nuestros".

La abogada también le ha preguntado por una vigilancia que supuestamente se realizó previamente al inicio de la causa. Al respecto han indicado que una cosa es el inicio formal del caso, cuando se comunica el auto, y otra "son las diligencias preliminares que realizamos en todos los casos". "Siempre que un juez solicita cualquier diligencia policial, yo no espero al papel", ha apuntado.

"Niego que mi grupo de investigación, y ni que yo tuviera conocimiento otro grupo, estuviera realizando ningún tipo de vigilancia o seguimiento ajenos al mandato del juez instructor ni por otro motivo que no fuera el requerimiento verbal primero y luego escrito del magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella", ha apostillado uno de los agentes.

Resoluciones administrativas

Las defensas le han preguntado por los informes en los que se analizan los archivos informáticos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a Roca y donde se reflejarían, según las acusaciones, los supuestos cobros y pagos de éste, y en los que se estudia si existía vinculación de estas anotaciones con resoluciones en el ámbito urbanístico a favor de empresarios.

Los investigadores han reconocido que no entraban en la calificación jurídica de las resoluciones, es decir, si eran justas o injustas, algo que le correspondía al juez instructor y al fiscal. Han incidido en que se fijaban si existía alguna de estas resoluciones "muy próximas" a la entrada de dinero y si, posteriormente, había "reparto de estas aportaciones".

Sobre el supuesto reparto de dinero entre los que entonces eran concejales también le ha preguntado la defensa de Roca, en concreto acerca de por qué se reparten cantidades que supuestamente entran por la ratificación de dos convenios entre 15 personas si sólo siete participaron en la aprobación de dichas resoluciones. Han indicado que "el pago era genérico a toda la Corporación".

En este sentido, han explicado que "es como si tienen una iguala", de forma que por emitir decisiones de acuerdo con lo previsto previamente en unas reuniones "tendrían una aportación dineraria" que a veces coincidirá en el reparto temporal del dinero que entraba y otras no. "Ya no estamos buscando una relación temporal inmediata con las aportaciones", han manifestado.

Han dicho que se trata de, "por decir, cuando te toque ratificarlo, lo pautado o dispuesto anteriormente, tendrá usted unas gratificaciones", y han indicado que hay declaraciones en las que se señala que cuanto los ediles comenzaron a ir al juzgado por causas urbanísticas "deciden no aprobar sin más todas las indicaciones y a partir de ahí dejan de cobrar".