La Diputación de Cuenca recurrirá la resolución del Ministerio de Economía por la que declara nulo de pleno derecho el Plan de Apoyo Financiero a Municipios puesto en marcha en 2009, por la anterior corporación provincial, liderada por Juan Ávila.

El equipo de Gobierno ha pedido además la dimisión de Ávila como alcalde de la capital conquense, al considerarle responsable de la operación de crédito declarada ahora "ilegal".

En rueda de prensa, el vicepresidente segundo de la Diputación, Julián Huete, ha confirmado que recurrirán la resolución para defender los intereses de los consistorios y de la institución provincial. Ha explicado que los ayuntamientos afectados, 100 en total, podrán también recurrir la resolución de forma particular. Con todo, no confía demasiado en que el recurso prospere.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación, Carlos Algaba, ha asegurado que el plan se realizó por motivos "políticos" para ayudar a consistorios socialistas y ha excluido de responsabilidad a los técnicos de la Intervención provincial que dieron el visto bueno al documento.

Algaba ha arremetido contra los anteriores gestores socialistas en la Diputación y el Organismo Autónomo de Recaudación que adelantó 12.300.000 euros a los ayuntamientos que se sumaron al Plan.

Les ha acusado de "poner en peligro todo el sistema, y toda la situación económica de la Diputación, del Organismo Autónomo de Recaudación y de todos los ayuntamiestos que fueron partícipes, todo esto con un objetivo político: salvar de la quiebra a ayuntamientos importantes que habían llegado a una gestión de ruina".

En este sentido, ha detallado que los principales ayuntamientos de la provincia, los de mayor población gobernados entonces por el PSOE, fueron los que más dinero solicitaron a través del Plan de Apoyo Financiero. Ha puesto como ejemplo los 2.200.000 euros de Tarancón, el millón de San Clemente o los 990.000 euros de Las Pedroñeras.

Con todo, Algaba ha confirmado que el alcalde de Las Mesas también se sumó a la operación de crédito facilitada por la Diputación, a través de la que pagó cerca de 380.000 facturas a proveedores. Ha señalado que la Institución "metió con cucharilla" este plan a los ayuntamientos respaldando su legalidad en lo que Algaba ahora considera un "engaño manifiesto".

A pesar de esto, primer edil meseño y vicepresidente primero de la Diputación ha confirmado que "no se arrepiente" de haberse sumado a esta operación porque con ella ha conseguido pagar a proveedores y que el Ayuntamiento de Las Mesas mantenga "las puertas abiertas".

Dicho esto, ha achacado a la política partidista de subvenciones y ayudas del anterior Gobierno regional, de José María Barreda, la mala situación económica que llevó al Consistorio meseño a necesitar el Plan de Apoyo Financiero.

Asimismo, ha lamentado Algaba la prohibición ministerial de que su consistorio contraiga nuevas operaciones de crédito a largo plazo.

En cualquier caso, Algaba ha pedido la dimisión de Juan Ávila por su "incapacidad política" y ha asegurado que los objetivos del plan pasaban por ayudar a los ayuntamientos socialistas de la provincia y evitar que el Ayuntamiento de Cuenca, fuera del Organismo Autónomo de Recaudación desde 2009 por decisión del anterior Gobierno del PP, no pudiera sumarse a la operación de crédito.