La Audiencia Provincial de Palma será la encargada de decidir si revoca la fianza de responsabilidad civil de 180.000 euros impuesta en el marco del caso Peaje al excelador de la carretera Palma-Manacor Gabriel Mestre, quien ha recurrido en apelación la imposición de la caución, decretada tan sólo ocho días después de que este mismo órgano judicial reconociese la indefensión en la que se hallan los imputados de la causa por no contar, en formato papel, con las declaraciones practicadas en este procedimiento.

En su recurso, la defensa de Mestre, ejercida por el abogado Josep de Luis, lamenta los "jutipiris procesales" que, asevera, "nos vemos forzados a hacer debido a la forma en que se dirige la instrucción del caso y que, sabedores de no poder disponer en tiempo de las declaraciones, nos obliga a tener que tomar notas y hacer memoria de cómo han ido las manifestaciones de imputados y testigos" en sus comparecencias ante la jueza encargada de la causa, Ana San José.

Un "exceso de celo en la labor de la dirección letrada" que, según el letrado, "nos obliga a buscar vías imaginativas para poder recordar el sentido de las deposiciones". De hecho, el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, recalca que el abogado ha puesto de manifiesto de forma reiterada la indefensión invocada e incide en el "esfuerzo memorístico" que debe realizar en torno a las declaraciones practicadas para "poder defendernos sin poder disponer de las copias oficiales".

Es más, De Luis recrimina el hecho de que, después de que la magistrada acordase finalmente transcribir las declaraciones, mientras ésta solicitó para ello medios técnicos ante la extensa duración de las comparecencias -un total de 27 horas- y el Juzgado se ve "desbordado" por este motivo, "esta defensa debe espabilarse como pueda sin ni tan sólo que el Juzgado le haya facilitado las ingestionables 27 horas de declaraciones".

Tras apuntar de esta forma a una "conculcación" de Derechos Fundamentales con la imposición de la fianza sin tan siquiera contar con las declaraciones por escrito, el abogado critica asimismo la "arbitrariedad" con la que fue decretada puesto que "en ningún momento nos explica Su Señoría cuál es la cifra indiciariamente defraudada por el señor Mestre". Una cantidad que, abunda, es "matemáticamente incorrecta a la vista de las actuaciones".

Finalmente, otro de los argumentos que esgrime el letrado es la ausencia de indicios que lleven a postular que durante el desdoblamiento de la antigua C-715 se produjo un desvío de fondos procedentes del Consell, al defender que la adjudicataria de las obras "no es ninguna UTE" -como sostienen los investigadores- sino la mercantil Pamasa, con la que la Institución insular firmó el contrato. Así, "el dinero de esta entidad privada no tiene la consideración de fondos públicos", incide.

Considera "absurdo" decir que hubo malversación

Al hilo de lo anterior, la defensa del excelador de los trabajos considera que "estirar el hilo para argumentar que los fondos eran titularidad de un ente público es, a nuestro parecer y con el debido respeto, absurdo". En este sentido, en su anterior recurso el abogado lamentaba que se haya establecido "una especie de dogma de fe" en el hecho de que la UTE encargada de las obras dispusiera para ello de fondos públicos, al aseverar que no hay "un sólo indicio" en la causa que lleve a pensar que "ni un sólo euro del Consell haya acabado en manos de la UTE".

Y es que, si bien la causa investiga un presunto desfase de 23 millones de euros durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, para la cual el Consell de Mallorca contrató los servicios de la UTE Desdoblamiento C-715, algunos de los imputados niegan que este sobrecoste repercutiese en las arcas del Institución insular al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta mercantil subcontrató las obras a la UTE.

Cabe recordar que el pasado 23 de enero la Audiencia Provincial dio la razón a la Fiscalía y a las defensas del caso Peaje, que solicitaban que las declaraciones de imputados y testigos fuesen transcritas en soporte papel en lugar de estar recogidas en soporte audiovisual. Sin embargo, fue el día 31 cuando la instructora del caso Peaje acordó la fianza civil para Mestre sin que hasta ese momento las defensas dispusieran aún de las transcripciones.