El portavoz del PP en la Diputación de Ciudad Real, David Marín, ha pedido la dimisión del presidente de la institución, Nemesio de Lara, tras conocerse este fin de semana una sentencia que anulaba el nombramiento de seis asesores.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha dado la razón al sindicato CCOO, que presentó la demanda, y ha anulado el nombramiento de tres asesores y otros jefes de gabinetes de área que fueron nombrados en Pleno el pasado mes de julio de 2011.

Marín ha recordado que estos puestos fueron ocupados por un exvicepresidente de la Diputación y los candidatos socialistas a varias alcaldías que fueron perdedores en las últimas elecciones municipales.

Ha considerado a De Lara como máximo responsable de esta situación y ha recordado que no es la primera vez que los tribunales cuestionan la política de personal de la Corporación, citando el caso de lo ocurrido hace unos años con el puesto de la Secretaría General de la institución.

Para el portavoz del PP, De Lara, entonces también secretario provincial del PSOE, solo pretendió "recolocar con dinero público" a personas que habían perdido las elecciones y que hubieran sido "colocadas" en la Junta de Comunidades si los socialistas hubieran ganado las pasadas elecciones autonómicas.

En su opinión, dada la contundencia de la decisión judicial, la Diputación no debería recurrir la sentencia del TSJCM, dado que, a su juicio, sería una perdida de tiempo y dinero.

Perseguir y denunciar

En términos parecidos se ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario en las Cortes, Francisco Cañizares, que ha advertido de que si el PSOE "persiste en este error" su partido lo va a "perseguir y denunciar".

A pesar de admitir que el equipo de Gobierno de la Diputación está "en su derecho" de recurrir la decisión del alto tribunal castellano-manchego que anula estos contratos, ha defendido que el presidente de esta institución, Nemesio de Lara, "éticamente es el responsable del dinero que indebidamente se ha pagado a esos altos cargos".

Y es que, según Cañizares, "con el cuarto de millón de euros que se les iba a pagar a estas personas contratadas de forma irregular la Diputación de Ciudad Real podría atender las demandas de los alcaldes socialistas de esta provincia, cuyos ayuntamientos no tienen liquidez para hacer frente al pago a proveedores".

"Este despilfarro sigue ante el sorprendente silencio cómplice de los secretarios provincial y regional del PSOE, que en las Cortes se hartan de decir cómo hay que gestionar los fondos públicos y luego vemos a lo que lo destinan ellos", ha denunciado el diputado del PP.